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Tribunal Superior

Di Salve, Jorge Oscar c/Del Carlo, Raúl Alberto y otro s/Diferencias salariales.

El actor reclamó diferencias salariales y la sanción conminatoria del art. 132 bis LCT por retención de aportes. La Suprema Corte rechazó por mayoría los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad, entendiendo que las quejas plantean errores de juzgamiento y que la sentencia de grado estuvo suficientemente fundada en los arts. 375 CPCC y 132 bis LCT.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-99669
Recurso extraordinario Nulidad Inaplicabilidad de ley Art. 132 bis lct Sancion conminatoria Carga de la prueba Valoracion de la prueba Art. 375 cpcc Retencion de aportes Suprema corte provincia de buenos aires

¿Quién es el actor?

Jorge Oscar Di Salve.

¿A quién se demanda?

Raúl Alberto Del Carlo y SEDIAL S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

diferencias salariales y, entre otros rubros, la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por retención de aportes.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron por unanimidad las impugnaciones extraordinarias traídas por el demandado --recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley-- confirmando la validez del pronunciamiento de la instancia de grado que, por mayoría, condenó a Raúl Alberto Del Carlo a abonar la sanción conminatoria. Con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En mi opinión, el recurso no puede prosperar.

En orden a los agravios reseñados en primer término, entiendo que no le asiste razón al apelante, pues los argumentos esgrimidos en su apoyo, tales como la conculcación de normas procesales referidas a la carga y apreciación de la prueba así como de garantías consagradas por la Constitución Nacional y la eventual contradicción que pudiera afectar al decisorio en crítica, no se adecuan a los supuestos de hecho contemplados por el art. 168 de la Carta provincial; antes bien, constituyen la imputación típicos errores de juzgamiento cuyo canal de impugnación está dado por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y no a través del andarivel de la nulidad en estudio (cfr. S.C.B.A. causas L. 86.589, sent. del 27/IV/04; L. 63.660, sent. del 2/VIII/00; L. 76.470, sent. del 18/VI/03 y L. 78.827, sent. del 1/IV/04)."

"Siendo ello así, advierto que la argumentación que porta la queja bajo análisis resulta infundada porque los tópicos que la componen no se inscriben dentro de la categorización señalada precedentemente."

"En orden a los agravios relativos a la conculcación de normas procesales -referidas a la carga y apreciación de la prueba, así como de garantías consagradas en la Constitución federal y la eventual contradicción que pudiera afectar al fallo en crisis- no se adecuan a los supuestos de hecho contemplados por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; antes bien, constituyen la imputación de típicos errores de juzgamiento, cuyo canal de impugnación está dado por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y no a través de la vía procesal intentada (ver causas L. 93.238, "González", sent. del 13-VIII-2008; L. 87.991, "Gallegos", sent. del 12-XII-2007; entre otros)."

Adicionalmente, el tribunal señaló que la sentencia de grado apoyó su decisión en normas suficientes para cumplir el deber de fundamentación (arts. 375 CPCC y 132 bis LCT) y que las críticas versan sobre valoración de la prueba y aplicación normativa que corresponden al recurso de inaplicabilidad de ley, vía que también fue rechazada por la Corte por no configurarse la excepción del art. 55 de la ley 11.653. Se consignó además que el monto por la sanción conminatoria fue de $11.835,32 y que el actor trabajó del 1-08-2002 al 2-01-2004.

¿Cómo votaron los jueces?

rechazo por mayoría; coincidieron Hitters, Soria, Negri y de Lázzari (y firma Comadira en la sentencia).

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