Grosso, José Luis c/Provincia de Buenos Aires (Policía) s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de las resoluciones 66.382 y 77.870 y del decreto provincial 2287/1995 que dispusieron su baja por cesantía, su reincorporación y reparación de daños. La Corte rechazó la demanda y confirmó la sanción de cesantía al considerar acreditados los abandonos de servicio y la falta de justificación o comunicación oportuna de la enfermedad por parte del agente.
¿Quién es el actor?
José Luis Grosso.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Policía).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de las resoluciones 66.382 y 77.870 y del decreto provincial 2287/1995 que disponen la baja por cesantía del actor; reincorporación al cargo y reparación de daños y perjuicios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda. La Corte confirmó la decisión administrativa de cesantía por entender acreditados los abandonos de servicio sin causa justificada y la falta de comunicación oportuna de la enfermedad por parte del agente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En primer lugar he de dejar en claro que la transgresión por la que se sanciona con cesantía al suboficial Grosso es la de abandono de servicio prolongado por más de 72 horas y sin causa justificada. No se ha desconocido que a la época de los hechos que dan lugar a esta causa, el actor padeciera algún tipo de dolencia. Lo que se le reprocha al reclamante es, en definitiva, el desdén que puso de manifiesto frente a las intimaciones que se le cursaron y que le habrían permitido aclarar su situación frente a sus superiores.
Entiendo que la primera obligación de un agente enfermo es la de comunicar su impedimento al superior, con la indicación del lugar donde se asiste (si, como en el caso de autos, no existía médico en la repartición del domicilio del actor y éste no podía desplazarse al lugar en que prestaba servicios). La ley 9550/1980 no requiere formas determinadas de transmitir la noticia de modo que lo más seguro hubiese sido recurrir al telegrama, aunque nada hubiese impedido el aviso telefónico o el mensaje cursado por intermedio de un tercero. La cuestión, en última instancia, se hubiese traducido en un problema probatorio. Sin embargo, nada de esto fue alegado en su defensa por el actor, quien sólo manifestó haber presentado certificados médicos que habrían sido destruidos por personal de la dependencia por no haber emanado de médico de la demandada.
En ese orden de consideraciones, llama poderosamente la atención que en el transcurso del sumario, a la hora de arrimar elementos que le hubieran permitido enmendar la situación en la que se encontraba involucrado y habiendo sido expresamente citado a fin de acompañar los antecedentes médicos que tuviera en su poder, el agente no acompañara ninguno relacionado con la dolencia renal invocada y sí lo hiciera con respecto a un problema de columna (ni siquiera mencionado en oportunidad de prestar declaración indagatoria). Esa hubiese sido la oportunidad del actor para acreditar el carácter y gravedad de la enfermedad que -según manifestó- le impidió cumplir con su obligación de dar aviso oportuno."
¿Cómo votaron los jueces?
El señor Juez Dr. de Lázzari votó por la negativa y los jueces Drs. Hitters, Soria, Negri y Salas adhirieron, por lo que la Corte resolvió en acuerdo unánime rechazar la demanda. Texto dispositivo: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden (art. 17, C.C.A.)."
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