JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Noguera, Ramón Marino c/Laso S.A. s/Indemnización por despido y otros

El actor reclamó diferencias indemnizatorias por despido y resarcimiento previsto en el art. 52 de la ley 23.551 por incapacidad sobreviniente. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sosteniendo que quedó acreditada la incapacidad definitiva consolidada en febrero de 1993 y la ausencia de tareas acordes a la capacidad residual, razones por las cuales no cabe modificar la valoración probatoria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-89858
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Art. 211 lct Art. 212 lct Incapacidad permanente Tareas acordes Onus probandi Vicio de absurdo Indemnizacion por despido Reserva del puesto.

¿Quién es el actor?

Ramón Marino Noguera.

¿A quién se demanda?

Laso S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de diferencia en la indemnización por despido y el resarcimiento prescripto por el art. 52 de la ley 23.551 derivados de incapacidad sobreviniente; cuestión vinculada además con la aplicación del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de tareas acordes a la capacidad residual.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; se confirmó la valoración de la prueba en la que el tribunal de grado concluyó que no existían tareas acordes a la capacidad residual del actor y que la minusvalía tenía carácter definitivo desde febrero de 1993; costas a la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"1. Ocurrido un accidente o exteriorizada una enfermedad de carácter inculpable, que impidan al trabajador el cumplimiento de su débito laboral, se configura para el empleador su obligación de continuar abonando las remuneraciones durante los plazos previstos por el art. 208.

Superado este término, y de continuar impedido el empleado de prestar tareas, cesa para el principal su obligación de pagar salarios, mas tiene la carga de conservar el empleo por el término de un año (art. 211).

Finalizado este período, la relación perdura hasta tanto una de las partes resuelva su extinción mediante su comunicación a la otra.

Al respecto, este Tribunal ha expresado que el art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo habilita la rescisión contractual constituyendo una causal que no opera por sí misma. Es preciso que una de las partes del contrato exteriorice su voluntad de disponer el cese en ejercicio del poder de rescisión que acuerda la norma citada, sin carga económica una vez vencido el período de conservación del puesto (causa L. 72.057, sent. del 28-III-2001).

Para el caso que durante el período de conservación del puesto, si del accidente o enfermedad inculpable resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador, el art. 212 prescribe a lo largo de cuatro párrafos, los distintos supuestos de reincorporación, o su resarcimiento si no hubiese tareas acordes a la capacidad residual del trabajador.

Si bien el precepto legal expresa que el carácter definitivo de la minusvalía debe producirse durante el período de reserva del puesto, no resulta razonable pensar que es sólo a partir de dicho supuesto en que pueda darse aquella circunstancia para entonces encuadrar el estado del trabajador en alguna de las situaciones que contempla el art. 212, atento a que el carácter permanente de la minoración puede darse tanto durante el período de licencia paga, como incluso más adelante.

Así, la norma requiere del carácter definitivo de la disminución de la capacidad laboral del trabajador durante la vigencia de la relación como condición para la exigibilidad tanto de la obligación principal que impone al empleador -reasignación de funciones- como de las distintas indemnizaciones que contempla en sus distintos párrafos el art. 212.

Mas nada autoriza a pensar en la necesidad del cumplimiento fatal de los plazos para que recién entonces pueda configurarse alguna de las situaciones contenidas en la norma citada en último término, cuando, como se acaba de expresar, lo que cuenta es que el carácter definitivo de la incapacidad se dé estando vigente la relación de trabajo."

"2. En autos quedó probado, con arreglo al expediente caratulado 'Noguera, Ramón Marino c/Laso S.A. s/indem. por accidente de trabajo' (nº 14.629; agregado por cuerda), que el actor padece una afección pulmonar de tipo obstructivo y una miocardiopatía, que le ocasionan una incapacidad parcial y permanente (el resaltado me pertenece) del 50% de la total obrera y en la cual concurren por partes iguales factores causales atribuibles al trabajador y al trabajo, habiendo quedado consolidada la misma en el mes de febrero de 1993 (vered. 2ª cuestión, fs. 201 vta./202)."

"En el sub lite el tópico vinculado con la existencia de tareas acordes a la capacidad residual del actor fue formulado, en la presente causa, en la novena cuestión del veredicto (fs. 201 vta.), brindándose respuesta negativa a la misma, a fojas 203 vuelta/204, en que se concluyó que se encontraba suficientemente acreditado que la demandada no poseía tareas acordes a la capacidad residual del actor (fs. 204). En ese contexto, y en atención a los términos -para más, categóricos- en que aparece fundada la conclusión del Tribunal, la denuncia relativa a la existencia de una supuesta violación de las reglas del onus probandi pierde relieve, careciendo de trascendencia."

"El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causa L. 83.792, sent. del 2-III-2005)."

¿Cómo votaron los jueces?

el Dr. Genoud votó por la negativa y los Dres. Hitters, de Lázzari y Pettigiani acompañaron "por los mismos fundamentos", por lo que la decisión del Tribunal es un rechazo unánime del recurso. Dispositivo final: "se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.)."

Leyes que cita

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