Club Estudiantes de La Plata c/Municipalidad de La Plata s/Demanda contencioso administrativa
El Club Estudiantes de La Plata solicitó la suspensión de la ejecución del Decreto Nº 579/03 que ordenaba la demolición de obras no autorizadas en su estadio. La Corte, por mayoría, rechazó la medida cautelar por falta de fumus boni iuris y por el riesgo de grave afectación al interés público y ambiental en el Paseo del Bosque.
¿Quién es el actor?
Club Estudiantes de La Plata.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de La Plata.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
anulación de actos municipales (Decreto Nº 579/03 y Disposición Nº 1/03) que rechazaron el permiso de obra y ordenaron la demolición de construcciones realizadas sin conformidad; como medida cautelar, suspensión de la ejecución del art. 3º del Decreto Nº 579/03 y autorización para continuar la obra de la tribuna cabecera.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, no hacer lugar a la medida cautelar solicitada; en disidencia, un sector del Tribunal hizo lugar parcialmente a la cautelar y decretó la suspensión del art. 3º del decreto hasta tanto se dicte sentencia, con caución juratoria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Evaluado el reclamo cautelar en el estrecho marco del enjuiciamiento provisional, y en función de las constancias de la causa, no aparece suficientemente evidenciado que el actuar administrativo contra el cual se alza el actor, esto es, el decreto municipal nº 579/03, posea prima facie una ilegitimidad manifiesta que posibilite otorgar la medida solicitada."
"El citado acto administrativo (en su art. 4º) también requirió al club una propuesta de remodelación que contemplara la seguridad y confort de los espectadores, sobre la base de las actuales estructuras preexistentes, admitiendo cambios de material de los tablones y refuerzos estructurales, sin modificar los actuales emplazamientos de las tribunas ni superar los límites que ellas proyectan en la actualidad sobre el espacio público."
"De todo ello se desprende en la especie que llevar a cabo los trabajos pretendidos o neutralizar la decisión administrativa, podrían suscitar, en modo más o menos intenso, una grave afectación del espacio público y en los bienes ambientales comprometidos, frente a lo cual la vigencia de los principios preventivo y precautorio, propios de esta materia (cfr. art. 4º, ley nacional nº 25.675; doct. causas B-64.464, 'Dougherty', sent. de 31-III-04; Ac. 77.608, 'Ancore S.A.', sent. de 19-II-2002, D.J.B.A. tomo 163, pág. 147), impone evitar ese riesgo y aconseja denegar la solicitud requerida."
¿Cómo votaron los jueces?
El bloque dispositivo final que manda indicó "No hacer lugar a la medida cautelar peticionada" (decisión de la mayoría). Existe voto en disidencia (firmado por Héctor Negri, Francisco H. Roncoroni, Juan C. Hitters y Eduardo N. de Lázzari, entre otros) que proponía hacer lugar parcialmente a la cautelar disponiendo la suspensión del art. 3º del decreto hasta la sentencia y con caución juratoria; la mayoría prevaleció y rechazó la cautelar.
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