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Tribunal Superior

Malín, Raúl José c/Levatto, José Nulimar y otro/a s/Tercería de dominio

El tercerista Raúl José Malín promovió tercería de dominio contra José Nulimar Levatto y Felipe Bottaro respecto del 50% indiviso de un inmueble, alegando compraventa y posesión. La Suprema Corte anuló de oficio la sentencia de grado por falta del veredicto exigido en la ley procesal laboral y remitió las actuaciones para que el tribunal de origen renueve los actos procesales y dicte nuevo pronunciamiento (voto mayoritario; Dr. Soria en disidencia).

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-103058
Terceria de dominio Anulacion de oficio Veredicto Ley 11.653 Tribunal del trabajo Recurso extraordinario de inaplicabilidad Buena fe Inscripcion registral Posesion Fallo anulado Notas adicionales relevantes (no deben leerse como parte del resumen): Hechos probatorios relevantes consignados en la causa: escritura de compraventa celebrada el 19-v-1999 Precio declarado $25.000 por tres fracciones Embargo inscripto el 7-iv-2005 Sentencias y fechas relacionadas con el credito por honorarios (sent. definitiva 9-ix-1998 Estipendios 29-iii-1999 Notificacion 20-iv-1999).

¿Quién es el actor?

Malín, Raúl José (tercerista).

¿A quién se demanda?

Levatto, José Nulimar; Bottaro, Felipe.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Tercería de dominio sobre la mitad indivisa (50%) de una fracción de terreno en San Nicolás, a fin de obtener el levantamiento de un embargo trabado por un juicio ejecutivo de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte anuló de oficio la sentencia de fs. 121/128 vta. dictada por el Tribunal del Trabajo n.º 1 (San Nicolás) por omisión del veredicto exigido por la ley procesal laboral y ordenó que los autos vuelvan al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento. Voto mayoritario: Pettigiani, Hitters, Kogan y Negri. Disidencia: Soria (voto por la negativa respecto de la anulación).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. Entiendo que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante sometido al acuerdo.

1. En primer lugar, considero necesario aclarar que la tercería constituye un proceso incidental respecto del juicio en el que se decretó el embargo que la motiva. Sin embargo, no obstante la inexcusable vinculación con el proceso principal, no constituye un incidente en los términos del art. 175 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que su sustanciación está sometida a los trámites propios del juicio ordinario o plenario abreviado, según lo determine el juez atendiendo a las circunstancias del caso (art. 101 del C.P.C.C.).

En la especie, el tribunal de grado determinó, con sustento en este último precepto legal, que la acción debía sustanciarse por el trámite del juicio sumario, tras lo cual, ordenó el traslado de la demanda en los términos del art. 484 del Código Procesal Civil y Comercial (res. de fs. 42). Más adelante, declaró abierto el período probatorio (fs. 81 y vta.) y, una vez producida la prueba (incluyendo la testimonial, recibida por escrito y con arreglo al interrogatorio agregado a fs. 88, ver actas de fs. 90/95 vta.), ordenó el pase de las actuaciones al acuerdo (fs. 120), emitiendo, sin más, el pronunciamiento de fs. 121/128 vta., el cual -como anticipé- debe ser anulado de oficio.

2. Ello así, pues de las constancias de la causa se desprende que el tribunal de grado procedió a dictar directamente la sentencia, sin haber pronunciado previamente, como debió haberlo hecho, el correspondiente veredicto, acto procesal insoslayable en el caso, habida cuenta la existencia de hechos controvertidos que necesariamente debieron haberse dilucidado en esa etapa del proceso, en la cual el tribunal del trabajo debió haber valorado "en conciencia" la prueba rendida (art. 44 inc. "d", ley 11.653) y decidido "los hechos que se hubieren tenido por acreditados o no, según el caso, con indicación individualizada de los elementos de juicio meritados" (art. 47, primer párr., ley 11.653; conf. causa L. 104.645, "Molfesa", sent. del 26-X-2010).

En ese sentido, ha señalado en reiteradas oportunidades esta Suprema Corte que, en tanto existan hechos controvertidos y elementos de prueba relativos a los mismos que deban examinarse por el juzgador, es ineludible la formulación del veredicto antes de dictar la sentencia, lo que por otra parte es deber constitucional inexcusable para el tribunal de acuerdo con lo prescripto por el art. 168 de la Constitución provincial (conf. causas L. 85.540, "Cáceres", sent. del 20-XI-2002; L. 50.175, "Neira", sent. del 20-IV-1993; L. 46.996, "Ferretti", sent. del 29-X-1991; L. 38.708, "Moreira", sent. del 7-II-1989; L. 35.488, "Alvarez", sent. del 27-XII-1985; L. 104.645, "Molfesa", cit.).

Siendo ello así, se impone arribar en la especie a la misma solución alcanzada en los precedentes citados, en los que este Tribunal resolvió declarar de oficio la nulidad de los pronunciamientos dictados en los que -como sucede en autos- la sentencia no fue precedida del pertinente veredicto conforme lo exige el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.

3. En nada obsta a la solución que propicio el hecho de que el objeto del presente proceso lo constituya una tercería de dominio.

Cuadra recordar al respecto que este superior Tribunal ha declarado que debe anularse de oficio la sentencia dictada en una demanda incidental que no está precedida del veredicto que prescribe el art. 44 inc. "d" de la ley procesal laboral (conf. causas L. 55.801, "Bruno", sent. del 20-II-1996; L. 37.533, "Distillo", sent. del 20-X-1987, publicada en "Acuerdos y Sentencias", t° 1987-IV, pág. 369).

Luego, con mayor razón, aún ha de aplicarse dicha solución al caso de autos, toda vez que -como ya fue anticipado-, si bien nos hallamos frente a un proceso incidental respecto del juicio principal, el mismo se sustanció bajo las reglas del juicio sumario, lo que demuestra que resultaba insoslayable el dictado del veredicto ante la existencia de hechos controvertidos que debieron ser dilucidados por el órgano jurisdiccional de grado con carácter previo al dictado de la sentencia.

No es ocioso tener presente que, en los procesos sustanciados ante los tribunales del trabajo y regulados por la ley 11.653, la aplicación de las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial deben compatibilizarse y armonizarse con el sistema oral implementado en la ley ritual del fuero (art. 63, ley 11.653), en cuya estructura la formulación del veredicto (y la recepción oral de la prueba testimonial) constituyen -reitero- deberes que no pueden ser soslayados por el tribunal del trabajo (conf. causas L. 51.878, "Losa Ladrillos Olavarría S.A.I.C.", sent. del 1-VI-1993; L. 49.461, "Olivera", sent. del 27-IV-1993; L. 85.540, "Cáceres", cit.; L. 104.645, "Molfesa", cit.).

4. A tenor de lo señalado, se impone decretar la anulación de oficio de la sentencia, sin que sea obstáculo a ello la circunstancia de que la recurrente no hubiera deducido recurso extraordinario de nulidad ni introducido agravios sobre la grave omisión en que incurrió el juzgador de grado, porque -como reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, aunque no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, toda vez que nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (conf. causas L. 87.861, "Santulli", sent. del 11-VI-2008; L. 79.354, "Valenzano", sent. del 1-IV-2004; L. 75.109, "Torres", sent. del 7-V-2002; L. 72.382, "Buffo", sent. del 23-V-2001; L. 49.313, "Durand", sent. del 6-X-1992; entre muchas otras)."

¿Cómo votaron los jueces?

"1. Ya he tenido oportunidad de señalar que el ejercicio de la potestad excepcional de la Suprema Corte en orden a la anulación oficiosa de los pronunciamientos de grado debe ser morigerado, en tanto por vía del mentado instituto no cabe abordar ex officio cuestiones en principio reservadas por la Constitución a la competencia revisora de la Corte por vía apelada (conf. causas L. 97.909, "Apaza", sent. de 30-XI-2011; C. 93.678, "Condominio Avenida Gaona 2248/52 Ramos Mejía", sent. de 4-XI-2009).

En el caso, reafirmando su carácter extraordinario (conf. causa L. 85.743, "Cena", sent. de 26-X-2005), no aprecio justificado echar mano de la mentada atribución."

Leyes que cita

  • Ley 11.653 de Buenos Aires(derogada por ley 15057) ley de procedimiento ante los tribunales laborales de la provincia de buenos aires

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