Rapi de Lascano, Elba c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa
La actora, jubilada y pensionada, reclamó el cese y devolución de retenciones del 4,5% destinadas al I.O.M.A. practicadas sobre su pensión por fallecimiento de su cónyuge. La Corte rechazó la demanda y confirmó las resoluciones del I.P.S., sosteniendo que la ley 6982 impone la obligatoriedad del aporte sobre todos los haberes previsionales y que la doble percepción (jubilación y pensión) no excluye la obligación contributiva.
¿Quién es el actor?
Elba Rapi de Lascano, beneficiaria de jubilación y pensión otorgadas por el I.P.S.
¿A quién se demanda?
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (I.P.S.), en su carácter de agente de retención de aportes al I.O.M.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de las resoluciones administrativas del I.P.S. de fechas 19-IX-2002 y 14-VIII-2003 que rechazaron su pedido de cese de retenciones a favor del I.O.M.A. sobre la pensión por fallecimiento de su esposo; y devolución de los importes retenidos con actualización e intereses.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda; las resoluciones del I.P.S. fueron confirmadas por la Corte en acuerdo mayoritario. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La ley es clara en cuanto al descuento forzoso de un determinado porcentaje de los haberes previsionales con el referido destino, sin que la circunstancia de percibir simultáneamente una jubilación y una pensión constituya un eximente de aquel compromiso. El mencionado ordenamiento, al establecer en forma general el modo de solventar un sistema de seguridad social del que la propia actora resulta beneficiaria, no contempla, entre las excepciones expresamente admitidas, la pretendida en autos (conf. arts. 16 y 17, ley cit.)."
"La exigencia de aportes con destino a la seguridad social no se advierte como irrazonable o violatoria de los derechos constitucionales invocados, desde que encuentra su justificación en la necesidad de solventar un sistema de salud destinado a un grupo determinado de personas con derecho a prestaciones iguales. Y como todas las cargas inherentes al régimen de seguridad social se encuentra sustentada, entre otros principios, en el de solidaridad, en función del cual se requiere la asistencia económica en favor de las respectivas instituciones sociales e incluso -conforme lo ha resuelto el máximo Tribunal federal- puede legitimar que, en determinadas condiciones, contribuyan a aquel quienes, por diversos motivos, no obtuvieran beneficio alguno por tal aporte (Fallos 258:315; 291:409; 330:2101; entre otros)."
"En consecuencia, la objeción formal al progreso de la demanda, fundada en la ausencia de atribuciones del organismo estatal para decidir el reclamo, resulta inatendible, desde que tal planteo importa una contradicción con un comportamiento anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz, y ello con arreglo al principio general de buena fe del cual deriva necesaria e inmediatamente la doctrina de los actos propios..."
¿Cómo votaron los jueces?
El acuerdo fue unánime en las cuestiones planteadas; los Dres. Genoud, De Lázzari y Soria adhieren a los fundamentos del Dr. Pettigiani. El dispositivo final dispone el rechazo de la demanda.
Fechas y montos relevantes: resolución administrativa de rechazo 19-IX-2002; confirmatoria 14-VIII-2003; pensión con efectos desde 19-II-1996; norma aplicable artículo 13 de la ley 6982 (aporte 4,50% en la redacción original, posteriormente rango 4,50%–6,50% según modificación).
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