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Tribunal Superior

Massuh S.A. c/Provincia de Buenos Aires (EPRE) s/Demanda contencioso administrativa

Massuh S.A. reclamó la repetición de retenciones por el impuesto al consumo de energía aplicadas por Edenor/Edesur y la inconstitucionalidad del decreto 1160/1992. La Corte provincial, por mayoría, rechazó la demanda sosteniendo que la impugnación constitucional fue insuficiente y que la exención reglada no alcanza a la actora, por lo que son legítimos los actos administrativos impugnados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-60192
Contencioso administrativo Impuesto al consumo de energia Decreto 1160/1992 Inconstitucionalidad Repeticion de impuestos Epre Discriminacion tributaria Massuh s.a. Edenor/edesur $1.961.254 72

¿Quién es el actor?

Massuh S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires / Ente Provincial Regulador Energético (EPRE).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad de las resoluciones EPRE 556/98 y 57/99 y repetición de los importes retenidos por aplicación de los decretos leyes 7290/1967 y 9038/1978 (impuesto al consumo de energía eléctrica), con intereses y costas; declaración de inconstitucionalidad del decreto 1160/1992 en cuanto otorga exenciones a determinados usuarios.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría (votos de Soria, Roncoroni, de Lázzari, Kogan y Genoud), se rechazó la demanda. El voto concurrente consideró que la alegación de inconstitucionalidad no cumplió la carga mínima de precisión y prueba exigible y que el texto del decreto 1160/1992 no incluye a la actora; en consecuencia las resoluciones administrativas impugnadas son legítimas. El Dr. Hitters votó en disidencia, proponiendo hacer lugar a la demanda, declarar la inconstitucionalidad del decreto 1160/1992 y condenar a la Provincia a restituir $1.961.254,72 con intereses según resoluciones ministeriales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La tacha de inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe indicar, con precisión, de qué modo la disposición impugnada habría quebrantado los derechos, principios o garantías constitucionales cuya tutela se procura, y en caso de deficiencia argumental, ésta no puede ser suplida por el tribunal, debiéndose rechazar el planteo... Ello es así, toda vez que la declaración de inconstitucionalidad de las normas generales comporta un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico..."

"Si el enunciado reglamentario describe con claridad el universo de supuestos que son exentos del pago del tributo, a sus palabras ha de estarse. Al respecto, esta Suprema Corte considera elemental regla de hermenéutica que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta propio de su contenido... Pues bien, no hay duda que el régimen tributario realizado en el punto anterior, en especial del decreto 1160/1992, no incluye a la demandante en el ámbito aplicativo de la exención. No cabe, entonces, extender, por vía interpretativa, tales beneficios por fuera del estricto marco normativo aplicable."

"En mérito a las razones expuestas, los actos impugnados resultan legítimos, en virtud de lo cual corresponde desestimar la demanda deducida. Voto por la negativa."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Hitters (voto concurrente en disidencia) sostuvo que el decreto 1160/1992 era inconstitucional por violar los principios de razonabilidad e igualdad, citó los precedentes de la Corte Suprema nacional (Hidroeléctrica El Chocón, Edesur, Edenor) y proponía hacer lugar a la demanda, declarar la nulidad de las resoluciones EPRE 556/98 y 57/99 y condenar a la Provincia a devolver $1.961.254,72 más intereses calculados desde cada pago conforme a las resoluciones 391/91, 262/92, 167/93 y 444/94 del Ministerio de Economía.

Resultado numérico de la votación: 5 votos por rechazar la demanda (Soria, Roncoroni, de Lázzari, Kogan, Genoud) y 1 voto por hacer lugar (Hitters).

Montos / fechas relevantes: monto en concepto de capital que la actora reclamó y que el perito cuantificó: $1.961.254,72; reclamo administrativo iniciado el 9 de mayo de 1997; resoluciones EPRE apeladas: 556/98 (7-10-1998) y 57/99 (8-3-1999).

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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