Madroñero, Omar Jacinto c/Provincia de Buenos Aires (DOSBA) s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso-administrativa contra la Provincia de Buenos Aires solicitando su reubicación en la clase XVI de la función capataz y el pago de sumas retroactivas. La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda, anuló los actos impugnados y condenó a la autoridad a ubicar al actor en la clase indicada por la Junta Mixta Permanente dentro de 60 días, rechazando la pretensión de condena dineraria por ausencia de reclamo administrativo previo.
¿Quién es el actor?
Omar Jacinto Madroñero.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (DOSBA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugnan los decretos/actos administrativos que lo encasillaron como capataz de segunda en el marco de la ley 10.384; se solicita la anulación de esos actos, la reubicación en la clase XVI (capataz de primera) con efecto retroactivo al 5-2-1987 y el pago de las diferencias percibidas debidamente actualizadas con intereses.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la demanda; se dejó sin efecto los actos administrativos impugnados y se condenó a la autoridad demandada a ubicar al accionante en la clase indicada por la Junta Mixta Permanente (fs. 15 de las actuaciones administrativas) dentro de los sesenta días. Se rechazó la pretensión de condena al pago de sumas por no haberse planteado previamente en la vía administrativa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"1. La sóla lectura de la ley permite descalificar la apreciación contenida en la motivación del acto definitivo. En efecto: el procedimiento previsto en el art. 139 de la ley 10.384 no faculta a la autoridad de aplicación a ajustarse a las posibilidades existentes en materia de plantel básico. Por el contrario, ordena que 'se reencasillará a cada agente en la función y clase respectiva que le corresponda' y que en caso de 'desempeño habitual en mas de una función, será encuadrado en aquella de mayor importancia', con lo que corrobora su sentido favorable a la posición del agente."
"2. Distinta es la cuestión atinente a la correlación existente entre las funciones efectivamente desempeñadas por el actor y la categoría pertinente... El argumento principal radica... en que el señor Madroñero no tiene mas de siete supervisados a su cargo como exige la tipificación para ser encasillado como capataz de primera."
"3. El juicio expresado por el órgano con competencia específica no ha sido desvirtuado en sede administrativa ni en sede judicial, siendo insuficiente para desvirtuarlo la argumentación de la Fiscalía... la oscilación acerca de la cantidad de personas realmente a cargo de Madroñero -que a veces superaban los siete supervisados a que se refiere la descripción de la función- pudo ser razonablemente evaluada en el marco del art. 139 in fine, ya citado, que sienta el principio de la interpretación mas favorable al agente."
"4. En virtud de lo expuesto juzgo que corresponde hacer lugar a la demanda en lo que se refiere a esta primera cuestión, anular los actos administrativos impugnados y condenar a la autoridad demandada a ubicar al accionante en la clase indicada por la Junta Mixta Permanente a fs. 15 de las actuaciones administrativas, dentro de los sesenta días (arts. 163, Const. prov.; 139, ley 10.384). Las costas se imponen en el orden causado por no ser el caso del art. 17 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo."
Sobre la pretensión de condena dineraria: el Tribunal sostuvo que "la absoluta ausencia de reclamo en este sentido no ha permitido la configuración expresa o tácita del acto denegatorio susceptible de ser sometido a consideración en el proceso específico (arts. 1, 28 y concs., C.P.C.A. y reiterada doctrina del Tribunal al respecto). Corresponde pues desestimar sin más trámite la pretensión de condena planteada judicialmente."
¿Cómo votaron los jueces?
Existió voto por la afirmativa (hacer lugar) de los Dres. Negri, Ghione, de Lázzari, Hitters y Pettigiani; voto por la negativa (rechazar la reubicación solicitada) de los Dres. Laborde, Pisano, Salas y San Martín. La decisión se adoptó por mayoría conforme al dispositivo final.
Costas y honorarios: Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios del letrado apoderado en suma determinada, con adicional del 10% (ley 8455).
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