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Tribunal Superior

C.I.F.A. S.C.A. c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

El actor promovió demanda contencioso administrativa por la actualización de una indemnización reconocida en la resolución 642/89 relacionada con la obra “Ampliación cañería impulsión y empalme pozos -Trenque Lauquen”. La Corte hizo lugar a la demanda y ordenó incorporar el índice de julio de 1989 al importe indemnizatorio, condenando a la Provincia al pago de la diferencia y costas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-53857
Apelacion Contencioso administrativo Indemnizacion art. 38 ley 6021 Actualizacion monetaria Notificacion Indice julio 1989 Certificados de obra (arts. 43 y 45 ley 6021) Perito liquidacion $521.942 23 (31-iii-91) Intereses y costas Suprema corte (provincia de buenos aires)

¿Quién es el actor?

C.I.F.A. S.C.A., en su carácter de contratista de la obra “Ampliación cañería impulsión y empalme pozos -Trenque Lauquen”.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, por las resoluciones del Administrador General de Obras Sanitarias que rechazaron la actualización reclamada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la negativa administrativa a incluir en la actualización de la indemnización el índice correspondiente al mes de julio de 1989 —por entender que la resolución 642/89 fue notificada en agosto de 1989 y que la demora en la notificación no puede perjudicar a la actora— y se solicita el pago de la diferencia con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda, se dejan sin efecto los actos impugnados, se reconoce el derecho de la actora a la aplicación del índice del mes de julio de 1989 en la liquidación de la indemnización prevista por el art. 38 de la ley 6021, y se condena a la Provincia al pago de la diferencia conforme a la liquidación pericial ($521.942,23 con valores al 31-III-91), con intereses y costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V. Los arts. 43, 44 y 45 de la ley 6021 refieren las circunstancias que rodean la emisión y pago de los certificados. La mecánica tiene una estructura especial para reflejar el costo de las inversiones y para representar con integridad los valores entre el tiempo de ejecución y el del pago. Por ello, las certificaciones documentan tanto los costos como las variaciones de los precios.

Pero en lo que resulta la diferencia sustancial con la naturaleza de la indemnización del art. 38, que es el sustento legal del reconocimiento realizado por la Administración, debo ponderar que ellas se realizan mensualmente en forma provisoria y trimestralmente con carácter definitivo (art. 55, decreto 1329/78). Así se practican dentro de los 15 primeros días de cada mes (art. 43) comprendiendo los trabajos del mes anterior. Son mediciones parciales y tienen carácter provisional estando sujetas al resultado de las mediciones finales que se producen en las recepciones provisorias parciales o totales. Hay reajustes periódicos de reconocimiento de las variaciones de precios. Hay una actualización de las liquidaciones mensuales provisorias de acuerdo con los valores definitivos (art. 55 citado).

Por el contrario, la indemnización del art. 38 de la ley 6021 ha sido debatida, estimada y reconocida definitivamente en un único acto que contiene los antecedentes causales que le sirven de fundamento. No quedan mediciones pendientes. Simplemente, resta hacer efectivo el pago ordenado. De allí la improcedencia de aplicar la técnica de la certificación, con un primer plazo para medir y otro para pagar."

"VII. Concluyo que por comprender situaciones diferentes, los plazos de los arts. 43 y 45 de la ley 6021 no se aplican a la indemnización prevista en el art. 38 de la mencionada ley. Por lo tanto, resulta ilegítima la negativa de la demandada de incluir en el reajuste de la resolución 642/89 el último índice conocido antes de su notificación, en agosto de 1989, momento este en que la mencionada resolución adquirió eficacia.

La exigencia de la notificación al interesado emana del art. cuarto de la res. 642/89, por lo cual, surge claramente que la mora incurrida en la notificación no puede ser atribuida a la empresa, como así tampoco los perjuicios económicos que esta demora produjo y resultan el objeto de la presente litis.

Por lo tanto, dado que, ni la mora incurrida en la notificación, ni los efectos perjudiciales causados por la inflación, pueden ser imputables a la actora, tampoco corresponde que sea ella quien deba soportar los efectos negativos ocasionados por la conjunción de los factores enumerados sobre la reparación debida.

Para que la reparación sea integral, debe comprender el índice de actualización del mes de julio."

"VIII. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, dejando sin efecto los actos impugnados, reconociendo el derecho de la actora a la aplicación del índice del mes de julio de 1989 en el importe liquidado como indemnización del art. 38 (ley 6021) y condenando a la demandada al pago de la diferencia en dicho concepto de conformidad a la liquidación efectuada por el perito ($ 521.942,23) con valores al 31-III-91 (dictamen de fs. 84/86; punto 4-; arts. 25, C.P.C.A., 375 y 474, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Pisano votó por la afirmativa y los Dres. de Lázzari, Hitters, Pettigiani y Laborde adhirieron por los fundamentos del Dr. Pisano. El dispositivo final confirmó la decisión de hacer lugar a la demanda.

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