UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES c/ REPSOL Y OTRO s/REPETICIÓN

¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandas colectivas: insuficiencia en la determinación del conjunto de perjudicados

La cámara hizo lugar a la demanda colectiva entablada por una asociación civil por los reclamos resarcitorios pretendidos, sobre la base de considerar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF S.A.) se había valido de su posición dominante en el mercado interno de gas licuado de petróleo (GLP) para imponer precios excesivos y discriminatorios.

La Corte dejó sin efecto esta sentencia y rechazó la demanda.

Analizó en primer lugar la legitimación de la actora, que había manifestado que representaba a una clase indefinida de usuarios y consumidores, afectados de modo masivo y disperso por las sumas que YPF les habría cobrado en exceso, lo que dificultaba la posibilidad de obtener medios efectivos para el resarcimiento en cabeza de cada uno de los damnificados.

Señaló el Tribunal que los vagos términos de la demanda impedían identificar el grupo o clase afectada y, consecuentemente, dificultaba determinar los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasionaba o si el acceso a la justicia se encontraría comprometido de no admitirse la acción colectiva.

Agregó que el universo de situaciones y supuestos que la actora pretendía abarcar resultaba excesivamente vasto y heterogéneo pues se trataba de presuntos consumidores que habrían adquirido GLP en comercios ubicados en todo el territorio del país. Y recordó que la insuficiencia en la determinación del conjunto de perjudicados por una conducta u acto impide al juzgador delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada.

Concluyó así que no se podía tener por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de efectos comunes que, conforme a la doctrina de la sentencia en el precedente “Halabi” (doctrina de Fallos: 332:111), permitieran tener por habilitada la vía intentada.

Finalmente, puntualizó que las distintas estrategias de venta del producto que pudo haber asumido cada uno de los intermediarios impedían afirmar que la conducta imputada a la empresa demandada hubiera tenido idénticas consecuencias respecto de todos los consumidores del país que se intentaba representar.