Carbonara, Omar Pedro c/Municipalidad de Lanús s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso-administrativa por retardación y por ilegitimidad del decreto de cesantía que lo separó del cargo, reclamando su reincorporación y salarios caídos. La Corte anuló por ilegitimidad el decreto de cese, ordenó la reincorporación y condenó a la Municipalidad de Lanús a pagar el 50% de las remuneraciones dejadas de percibir más intereses, con costas por su orden.
¿Quién es el actor?
Omar Pedro Carbonara.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Lanús.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad por ilegitimidad del decreto municipal 2043/1993 que dispuso su cesantía; reincorporación al cargo; pago de salarios caídos (haberes mensuales, S.A.C., vacaciones y asignaciones familiares), actualización por inflación, intereses y costas; acción por retardación por el silencio administrativo frente a recursos y pronto despachos.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la demanda: se anuló el decreto 2043/1993 por ilegitimidad, se ordenó la reincorporación del actor y se condenó a la Municipalidad de Lanús a abonarle, en concepto de daño material, el 50% de las remuneraciones dejadas de percibir desde la separación del cargo hasta la efectiva reincorporación, más intereses conforme las pautas indicadas, dentro de los sesenta (60) días. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Bloque dispositivo final (mayoría): "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda, anulándose los actos administrativos impugnados y condenando a la Municipalidad de Lanús a reincorporar al actor en el cargo y función que tenía al momento del cese, y a abonarle en concepto de daño material el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de las remuneraciones que dejó de percibir desde la separación de su cargo hasta la fecha de su efectiva reincorporación, con más un interés a liquidarse conforme las pautas indicadas todo ello dentro de los sesenta (60) días. Costas por su orden..."
Sobre la insuficiencia probatoria en el sumario y la ilegitimidad del cese: "no resulta acreditado suficientemente que el actor haya sido efectivamente quien incurrió en los errores de liquidación que originaron el referido sumario administrativo... no resulta razonable, justo ni adecuado que se aplique una sanción expulsiva al empleado de menor jerarquía -cuya autoría en el hecho no se acredita plenamente con las probanzas recogidas en la instrucción sumarial- en tanto al personal superior que suscribió las liquidaciones en cuestión no le cupo responsabilidad ninguna en el hecho."
Sobre la presunción del daño por cese ilegítimo: "el reclamo de las remuneraciones devengadas... constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo... ese daño se presume (an debeatur) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria."
Sobre la cuantificación del daño y la improcedencia de actualización por inflación: "el monto del perjuicio (quantum debeatur), debe estar supeditado a la demostración que efectúe la actora... en el caso debe condenarse a la accionada a abonar al actor, en concepto de daño material, el 50% (cincuenta por ciento) de las remuneraciones que dejó de percibir... A dicho importe deberá adicionársele el correspondiente a los intereses que se liquidarán de acuerdo con la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente...". Y, sobre actualización: "La pretensión del actor relativa a la actualización por inflación del monto correspondiente a los haberes cuyo pago requiere. El reclamo no se ajusta a derecho... se ha ratificado expresamente el principio nominalista... que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios..."
¿Cómo votaron los jueces?
en la cuestión de la cuantificación del daño hubo posturas discrepantes. La jueza Kogan sostuvo que corresponde el pago de la totalidad de los haberes dejados de percibir ("procedente el pago de la totalidad de las remuneraciones..."), mientras la mayoría resolvió fijar el monto en el 50% de los salarios caídos. Esa diferencia quedó reflejada en los distintos votos sobre las cuestiones cuarta y quinta.
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