Hernández, Alicia Esther y otros c/Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/Demanda contencioso administrativa
Demandantes municipales reclamaron la nulidad de actos administrativos y el pago de diferencias salariales por la supuesta vulneración del sistema modular establecido en la Ordenanza 5936. La Corte rechazó la demanda por entender que las modificaciones salariales obedecieron a disposiciones del Concejo Deliberante y a políticas municipales razonables, sin acreditar arbitrariedad o confiscatoriedad.
¿Quién es el actor?
Empleados municipales agrupados en las causas Hernández, Alicia Esther y otros; Otondo, María Angélica y otros.
¿A quién se demanda?
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación del decreto 897/1988 y del decreto 1139/1989 y de toda disposición o directiva que haya modificado desde agosto de 1984 el sistema de liquidación de haberes previsto en la Ordenanza 5936; declaración de inconstitucionalidad de las normas o directivas impugnadas; condena al pago de las diferencias salariales adeudadas desde agosto de 1984 conforme al sistema modular (arts. 26, 27 y 192 de la Ordenanza 5936), con actualización e intereses, gastos y costas.
¿Qué se resolvió?
La Corte, por mayoría, rechazó la demanda y ordenó costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es indudable que a partir de la vigencia de la citada normativa no hubo otro precepto legal que instalara el valor específico del módulo, debiendo destacarse que la indicada norma dejó expresamente diferido el monto '...al que se establezca...' (art. 192 citado), sin contemplar expresamente un módulo fijo con la asignación de un valor determinado. En este aspecto, la única invocación normativa de la actora se refiere a disposiciones del régimen derogado expresamente."
"Se advierte entonces que el mecanismo consagrado por dicha normativa legal previó disposiciones para condicionarlo a la situación económico financiera de la comuna."
"Como ya lo tiene dicho ésta Corte en reiterados fallos, la 'razonabilidad' constituye un principio general de derecho -creación doctrinaria y jurisprudencial, con fundamento en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional-, aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control, implica verificar -además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta- la existencia de 'circunstancias justificantes', es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen..."
"De conformidad con los argumentos vertidos en la presente, debo concluir que no resulta 'arbitrario e irrazonable' un régimen que estableció la forma de pagar los haberes reglamentando el art. 14 bis de la Constitución nacional, dado que, se trata en definitiva de un régimen general, unilateral y reglamentario producto -en este caso- de las diferentes Ordenanzas municipales emanadas del cuerpo Deliberativo, con competencia para reglamentar los derechos constitucionalmente reconocidos."
"Al respecto, considero que el mecanismo arbitrado por la autoridad comunal no resultó confiscatorio, ya que lo percibido por los actores no ha sido presentado como una excepción que desnaturalice la esencia de la remuneración (conf. art. 28, Const. nac.). Sentado ello, estimo que la accionante no acredita ninguno de los extremos antes aludidos..."
Resultado de la votación y mayoría: El señor Juez doctor Negri votó por la negativa; los señores jueces doctores Soria, Hitters, Genoud y Roncoroni, por los fundamentos del Dr. Negri, votaron por la negativa. Bloque dispositivo final: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden."
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