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Tribunal Superior

Veloso, José c/Municipalidad de Florencio Varela s/Demanda contencioso administrativa

El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando su reincorporación por la nulidad de una suspensión preventiva prolongada. La Corte, por mayoría, hizo lugar a la demanda, anuló la suspensión preventiva, ordenó la reincorporación, condenó el pago de remuneraciones dejadas de percibir y fijó daño moral en $10.000, imponiendo costas a la Municipalidad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-50693
Contencioso administrativo Suspension preventiva Reincorporacion Desviacion de poder Ordenanza municipal 207 Dano moral Costas Art. 17 cpca Liquidacion de haberes Interes y actualizacion (indec Ley 23.928)

¿Quién es el actor?

José Veloso.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Florencio Varela.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la suspensión preventiva mantenida por la Municipalidad, reincorporación al cargo y pago de haberes dejados de percibir; además, indemnización por daño moral y costas.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar a la demanda; se anuló la suspensión preventiva indefinida; se ordenó la reincorporación en el cargo dentro de 60 días; condenó a la Municipalidad a pagar las remuneraciones correspondientes (actualizadas según pautas indicadas) y a abonar, por daño moral, la suma de $10.000; imputó las costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El Intendente Municipal, mediante decreto dictado el 14-VI-84, resolvió suspender preventivamente al accionante en el marco del procedimiento sumarial iniciado para investigar su conducta. Tal suspensión es una medida de carácter precautorio cuya finalidad estriba en alejar al agente de su cargo mientras dure la investigación ante la posibilidad de que su presencia pueda obstaculizarla... Desde este punto de vista, el decreto que ordenó la suspensión preventiva aparece legítimo. Sin embargo, a la luz de lo que dispone el art. 81 de la citada Ordenanza General, ese acto debió ser dejado sin efecto cuando se cumplió el plazo máximo de suspensión que el art. 63 ap. I-C prevé como sanción correctiva para la conducta imputada a Veloso, por lo que la prolongación de esa situación más allá de ese lapso resulta en este caso contraria a derecho."

"Es evidente que en el caso la Administración ha actuado en violación de las normas aplicables y en forma manifiestamente arbitraria, razón por la cual entiendo que debe hacerse lugar a la demanda disponiendo la nulidad de la suspensión preventiva mantenida a fs. 47 y ordenar a la Municipalidad de Florencio Varela a reincorporar al accionante al cargo y función que desempeñaba cuando aquélla fue decretada y a abonarle las sumas que correspondan en virtud de lo normado en los arts. 81, primer párrafo y 86, de la Ordenanza General 207, teniendo en consideración que, en virtud de las razones apuntadas, la suspensión preventiva no pudo en el caso válidamente prolongarse por más de sesenta días."

Bloque dispositivo final (mayoría):

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar a la demanda interpuesta, se anula la suspensión preventiva mantenida indefinidamente en relación al actor y se condena a la Municipalidad de Florencio Varela a reincorporar a éste en el cargo y función que ocupaba al momento de disponerse aquélla, dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Constitución de la Provincia). Asimismo, se condena a la demandada a abonar al accionante, dentro de los sesenta días de aprobada la liquidación que la determine, los importes que correspondan por aplicación de lo dispuesto en los arts. 81 -primer párrafo- y 86 de la Ordenanza General 207... Además, en concepto de daño moral, la demandada deberá abonar al actor, dentro del mismo plazo, la suma de diez mil pesos ($ 10.000). Configurándose el caso previsto por el art. 17 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, las costas se imponen a la demandada (art. 17, C.P.C.A.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Primera cuestión (fondo): Unánime por la afirmativa (Laborde y los restantes ocho jueces adhieren) — se declara la ilegitimidad por prolongación de la suspensión y se ordena reincorporación y pago de haberes.

Segunda cuestión (daño moral): dividida; votos afirmativos (Negri, Hitters, Pisano, Salas, de Lázzari) y negativos (Laborde, Pettigiani, San Martín, Ghione); la mayoría entendió que corresponde indemnización.

Tercera (monto): hubo discrepancia entre Laborde ($10.000) y Negri ($100.000); la sentencia final fija $10.000 (esto surge del dispositivo que ordena $10.000).

Cuarta (costas): dividida; la mayoría -según el dispositivo final- impone las costas a la demandada (se consideró configurado art.17 CPCA).

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