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Tribunal Superior

Ferraro, Oscar Eduardo c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

El actor promovió una acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires para que se deje sin efecto la resolución que confirmó sanción disciplinaria de treinta días de arresto. La Corte rechazó la demanda por inadmisible formalmente: consideró extemporánea la acción y, además, que el régimen disciplinario impide la revisión judicial de sanciones correctivas aplicadas con sumario.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-49329
Contencioso administrativo Inadmisibilidad Caducidad Art. 13 c.p.c.a. Sancion disciplinaria Arresto Decreto-ley 9550 Dec. 1675 No justiciabilidad Provincia de buenos aires

¿Quién es el actor?

Oscar Eduardo Ferraro, Oficial Principal.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita dejar sin efecto la resolución III-117/83 del Ministro de Gobierno que declaró improcedente la apelación y confirmó la resolución 43452/81 del Jefe de Policía que sancionó al actor con treinta días de arresto por infracción a los arts. 53 inc. 19 y 54 inc. 21 del decreto-ley 9550.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró inadmisible la demanda y rechazó la acción contencioso administrativa. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"IV. Conforme con lo expuesto adelanto mi opinión favorable a la defensa formal articulada por la Fiscalía de Estado.

El oficial Ferraro fue sancionado con la pena de treinta días de arresto por infracción a lo previsto en los artículos 53 inc. 19 y 54 inc. 21 del decreto ley 9550, sanción ésta que no reviste el carácter de expulsiva y puede aplicarse a todo el personal de los Agrupamientos Comando y servicios hasta un máximo de cuarenta y cinco días, con o sin perjuicio del servicio (conc. arts. 41 y 43 dec. ley cit.).

Dicha sanción fue aplicada luego de sustanciado el sumario administrativo por infracción al artículo 54 del dec. ley 9550.

El dec. 1675 (reglamentario de la ley de Personal de la Policía), prescribe que contra las sanciones no expulsivas dictadas previo sumario, procede únicamente un recurso de reconsideración mientras que la apelación -para casos como el de autos- no se halla prevista en la legislación específica y, en ese sentido lo decidió el señor Ministro de Gobierno en la resolución III-117 del 28-I-83 al rechazarlo por improcedente.

Siendo ello así, y en concordancia con argumentos desarrollados por el representante fiscal, el actor solo hubiese podido demandar ante esta instancia -sin perjuicio de lo que luego expongo- en el plazo de treinta días posteriores a la notificación del aludido rechazo que tuvo lugar por resolución 44.169 del 23-III-82, atento que la interposición de recursos improcedentes, según la doctrina del Tribunal, no interrumpe el plazo de caducidad establecido por el artículo 13 del Código de la materia (conc. causas B. 46.325, “Acuerdos y Sentencias”, 1973-I, p. 873; B. 46.814, D.J.B.A. o 106 p. 5; B. 47.859, D.J.B.A. t. 118, p. 293; B. 49.853, “Barber”, res. 26-III-85; B. 49.695, “Di Virgilio”, res. 25-II-86; B. 51.375, “Provenzano”, res. 27-X-87; B. 52.276, “Ballestero”, res. 13-VI-89)

Empero el real fundamento de la improcedencia formal de la demanda inexorablemente conectado a lo expuesto es que el régimen instaurado por el dec. 1675 para recurrir sanciones correctivas no se compadece con el procedimiento previo a una instancia judicial revisora, desde que no asegura un reexámen de la cuestión por el órgano jerárquicamente superior con la consecuencia de que los actos emanados de órganos inferiores de la administración -como lo es el Jefe de Policía- no son susceptibles de ser impugnados mediante la acción contencioso administrativa (doc. causas B. 48.464, D.J.B.A., t. 123, p. 68; B. 47.473, 9-VIII-77; B. 48.173, 16-XII-80; B. 51.232, 1-VIII-89; B. 53.318, “Antinoni”, 2-IV-91). La no justiciabilidad prevista por la norma con relación a los actos que aplican estas sanciones se justifica por la naturaleza correctiva de los mismos y por la especialísima relación de empleo en la que puede adoptárselas, caracterizada por una férrea disciplina a cuyo mantenimiento sin duda contribuyen las normas correspondientes del dec. 1675 (conc. causas B. 51.232; B. 53.318 cit.)."

¿Cómo votaron los jueces?

"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."

(Voto de Vivanco fue la base; los doctores Mercader, Laborde, Pisano y Rodríguez Villar votaron en igual sentido.)

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