RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION CONJUNTOS interpuesto en el Expte. Nº B-166.379/2006 (Sala II del Tribunal del Trabajo – Vocalía 5) caratulado “DEMANDA LABORAL: JUSTINA LLANOS c/ JUAN SEGUNDO SANCHEZ e HIJOS S.R.L., JORGE OSCAR SANCHEZ y E
La actora promovió demanda laboral por despido indirecto, diferencias salariales, indemnizaciones y falta de aportes contra Juan Segundo Sánchez e hijos S.R.L. y los señores Jorge Oscar Sánchez y Eduardo Sánchez. La Sala IV rechazó el recurso de casación/inconstitucionalidad y confirmó la responsabilidad solidaria de los gerentes, entendiendo que éstos incumplieron sus deberes de administradores y actuaron en violación de la ley y de la buena fe.
¿Quién es el actor?
Justina Llanos.
¿A quién se demanda?
Juan Segundo Sánchez e hijos S.R.L.; Jorge Oscar Sánchez; Eduardo Sánchez.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
diferencias salariales, haberes impagos, indemnizaciones por despido (despido indirecto), preaviso, integración de mes, incremento indemnizatorio art. 16 Ley 25.561, entrega de certificaciones de servicios con constancias de aportes, indemnización por falta de entrega de certificaciones e indemnización por falta de aporte al Fondo de Retiro Mercantil (CCT 130/75). Se pidió además incremento por art. 2 Ley 25.323 (rechazado en origen).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad/casación interpuesto por Jorge Oscar Sánchez y Eduardo Sánchez; se confirmó la condena impuesta en primera instancia que condenó solidariamente a los codemandados al pago de $235.765,50 más intereses y a la obligación de presentar certificaciones (con la aclaración que la Sala IV fundamentó la solidaridad en la responsabilidad de los administradores conforme arts. 59 y 274 por remisión del art. 157 de la Ley de Sociedades, y no en el corrimiento del velo societario por art. 54).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En relación a la condena solidaria impuesta a los Sres. Jorge Oscar Sánchez y Eduardo Sánchez, considero acertada la decisión del a-quo de responsabilizar solidariamente a los mismos, pero no en su calidad de socios y con fundamento en el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, sino conforme lo dispuesto en los artículos 59 y 274 (por remisión del art. 157) de dicha normativa, dada su calidad de administradores societarios. Ello es así toda vez que de la cláusula quinta del contrato de constitución de la S.R.L. demandada, agregado a fs. 65/68 del expediente principal, surge que los nombrados revestían el carácter de socios gerentes de dicha sociedad, ejerciendo su representación legal con las facultades y deberes que ese carácter ostenta por lo que se presume que tuvieron conocimiento de la modalidad con la que percibía la actora su remuneración mensual."
"En el caso no advierto que se encuentren configurados los presupuestos para el corrimiento del velo societario a fin de condenar a los socios. Pero, por el contrario, y atento a su calidad de administradores de dicha sociedad, considero que les cabe responsabilidad puesto que se comprobó que actuaron en violación de la ley. Es decir que al haberse acreditado fehacientemente que la Sra. Llanos percibía un porcentaje de su salario en dinero y el restante en mercadería pero haciendo figurar en los recibos la totalidad del sueldo en dinero, los gerentes no obraron con la diligencia y lealtad correspondientes a su cargo y frustrando derechos de terceros, por lo que deben responder por las consecuencias de su acción u omisión."
"Precisamente el art. 59 de la Ley de Sociedades impone a los administradores y representantes de la sociedad obrar frente a terceros con la diligencia de un buen hombre de negocios, haciéndolos responsables por los daños que resulten de sus acciones u omisiones. Este precepto legal es conexo con el art. 274 (por remisión del artículo 157) de dicha normativa que establece que los directores responden por el mal desempeño de su cargo, por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave de su parte."
Además, el tribunal sostuvo la inadmisibilidad del reclamo de arbitrariedad: "la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en esta instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir graves defectos de pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la normativa vigente, o carencia absoluta de fundamentación." Se concluyó que el fallo de primera instancia contiene antecedentes de hecho y derecho y una adecuada valoración de la prueba, por lo que no hay lugar a la reparación por arbitrariedad.
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que contiene los considerandos principales fue del Dr. Otaola, y las Dras. María Silvia Bernal y Clara A. De Langhe de Falcone adhieren al voto que antecede (decisión unánime).
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Leyes que cita
- Ley 25.323Contrato de trabajo
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
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