Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 17.023/21 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial - Sala I - Vocalía 2) Recurso de apelación interpuesto en el Expediente Nº C-086.129/17, Acción de mantener la posesión: Pérez Andrada, Mab
El recurrente cuestionó la valoración probatoria y la presunta arbitrariedad de la Cámara que confirmó el desalojo y la condena a entregar el inmueble. La Suprema Corte rechazó el recurso por considerar que los agravios intentan una revisión de hechos y pruebas propia de instancia y que no acreditan arbitrariedad grave, ratificando la valoración sobre la posesión y la pericia caligráfica.
¿Quién es el actor?
Recurrente: Dr. Ernesto Raúl Artero en representación de Lelio Nicolás Almara, administrador judicial de la sucesión y único heredero de María Cecilia Almara.
¿A quién se demanda?
Actora en el proceso originario: Mabel del Carmen Pérez Andrada.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la sentencia de la Cámara de Apelaciones que confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de mantener la posesión/recuperar la posesión (con antecedente de juicio de desalojo) y condenó a la parte recurrida a entregar el inmueble (Padrón A-43714, Av. Almirante Brown 2095).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte apelante; se impusieron las costas a la parte recurrente; se difirió la regulación de honorarios. El voto fue unánime (Miranda, con adhesión de Jenefes y Otaola).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Considero que corresponde rechazar el remedio tentado.
Es que, los agravios propuestos implican la revisión de cuestiones de hechos y pruebas que, como tales, son propias de los jueces de la causa y que, en principio, resultan ajenas a esta vía impugnativa de excepción.
Además, el recurrente pretende tal revisión pero sin hacerse cargo de todos los fundamentos dados por el ad-quem. Soslaya la obligación que tiene de explicar concretamente en qué consiste la arbitrariedad que le endilga al pronunciamiento, no sólo enunciando las partes que considera equivocadas, sino también precisando los motivos y las bases jurídicas inequívocas que sustentan la crítica.
Ciertamente, reedita la misma línea argumental que plasmó al contestar la demanda (fs. 341/352 del expediente principal) y extrae conclusiones que sólo se ajustan a la medida de su conveniencia.
Así, frente a todo ello debemos recordar que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (cfr. L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534); circunstancias que no advierto configuradas en la especie."
"Por lo tanto, considero que los fundamentos dados por el ad-quem (al igual que los del a-quo) son razonables cuando se confrontan -con una visión integral- todas las constancias de la causa. Así, estimo que la sentencia recurrida constituye derivación razonada del derecho aplicable, de acuerdo al material convictivo colectado y a las particularidades del caso."
Además, la sentencia reproduce como prueba decisiva la pericia caligráfica: "[Que] las firmas estampadas en el contrato de compra venta ... fueron realizadas por la individual gráfica del Sr. Saturnino Pérez, Lelio Nicolás Almara y la Sra. María Cecilia Almara" (pericia, fs. 722/746; fs. 746).
¿Cómo votaron los jueces?
No se registran votos en disidencia; los Dres. Jenefes y Otaola adhieren al voto que antecede.
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