COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. P/ ORDINARIO - CASACION

¿Quién es el actor?

Recurrente en casación (parte que impugna la sentencia).

¿A quién se demanda?

Sentencia recurrida / parte contraria en la instancia anterior.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación en casación de la sentencia apelada, cuestionando la amplitude de las cuestiones de derecho que deben ser examinadas en casación y la calificación del despido ordenado por la autoridad administrativa como caso fortuito o fuerza mayor.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de casación sostuvo que no está obligado a tratar todas las cuestiones de derecho examinadas en la sentencia impugnada, sino únicamente aquellas que realmente pudieron determinar la solución por una errónea aplicación o interpretación legal (art. 159, último párrafo, Código Procesal Civil). Asimismo, concluyó que el despido dispuesto por la empresa concesionaria por orden de la autoridad administrativa encargada del contralor del servicio público no constituye un hecho imprevisible que pueda calificarse como caso fortuito o fuerza mayor para la concesionaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El Tribunal de casación no está obligado a tratar todas las cuestiones de derechos examinados en la sentencia que son impugnadas, con abstracción de su idoneidad o influencia para llegar a la solución definitiva de la litis, sino solamente aquellas que realmente han podido determinar en base a una errónea aplicación o interpretación legal, la sentencia contraria a la parte recurrente (art. 159 último párrafo Código Procesal Civil)."

"El Tribunal de casación no está obligado a tratar todas las cuestiones de derecho examinadas en la sentencia que son impugnadas, con abstracción de su idoneidad o influencia para llegar a la solución definitiva de la litis, sino solamente aquellas que realmente han podido determinar en base a una errónea aplicación o interpretación legal, la sentencia contraria a la parte recurrente. (doct. art. 159, último párrafo Código Procesal Civil)."

"El despido de un empleado dispuesto por la empresa concesionaria por orden de la autoridad administrativa pública encargada del contralor y vigilancia del servicio público bajo concesión, no ha podido constituir para la concesionaria un hecho imprevisible y por lo tanto no puede calificarse de caso fortuito o de fuerza mayor."

(No se consignan votos en disidencia en el fragmento aportado.)