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BUCCA DE PADOVANI DOMINGO C/ PODER EJECUTIVO P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La actora fue sancionada por infracciones a las reglamentaciones sobre inscripción de la propiedad del vino; se discutió quién es la persona responsable. La Cámara confirmó la aplicación de la normativa provincial (ley 47 y decretos reglamentarios) y sostuvo que los trámites administrativos interrumpen la prescripción de la acción penal, por lo que la actora responde por las infracciones.
¿Quién es el actor?
La actora (persona propietaria del vino según actuaciones administrativas).
¿A quién se demanda?
Autoridad administrativa/provincia (órganos de policía del vino) y/o la autoridad que aplicó la sanción.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la responsabilidad por infracciones a las leyes y reglamentaciones sobre inscripción y policía del vino; discusión sobre la identidad del responsable y sobre prescripción de la acción penal.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la responsabilidad de la actora cuando, conforme a las actuaciones administrativas y reglamentaciones provinciales, el vino resulta de su propiedad; se declaró que los trámites administrativos para determinar la infracción constituyen actos interruptivos de la prescripción de la acción penal; se sostuvo la competencia provincial para regular la industria vitivinícola y aplicar la ley 47 y sus decretos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Si de las actuaciones administrativas resulta que de acuerdo a las reglamentaciones provinciales relativas a la inscripción de la propiedad del vino, este es de la actora y no de otras personas como lo alega, ésta es la responsable de las infracciones cometidas. (art. 22 Decreto Nº 187 del 12 de diciembre de 1908, art. 3º ley 47).
Los trámites administrativos tendientes a materializar la infracción y determinar su autor -en el caso infracción a disposiciones sobre policía del vino- constituyen por sí mismos un procedimiento legal con eficacia interruptiva de la prescripción de la acción penal (art. 1º de la ley 13569), de manera que no invocándose una nulidad de los mismos deben servir a los efectos de aplicar la sanción que corresponde.
La provincia tiene competencia y jurisdicción para ejercer dentro de su territorio el poder de policía, sobre la elaboración industrial y para conocer y resolver cuestiones relacionadas con la industria vitivinícola, aún después de la sanción de las leyes Nº 12139 y 12372. Es consecuencia legítima la aplicación de la ley 47 y sus decretos reglamentarios.
¿Cómo votaron los jueces?
No surge disidencia en el texto suministrado.
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