LUNA JOSE MARIA RAMON C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ INCONSTITUCIONALIDAD - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

El funcionario cesado que ocupaba el cargo de Contador General (el actor).

¿A quién se demanda?

El Poder Ejecutivo provincial (por el decreto que dispuso la cesantía) y, en cuanto corresponde, actos vinculados al Senado provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del decreto que terminó las funciones del actor aduciendo la denegatoria del Honorable Senado respecto de un nuevo acuerdo solicitado, por lesión de garantías constitucionales de inamovilidad.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la pretensión del actor y se declaró la nulidad del decreto que dispuso su cesantía; el tribunal sostuvo que no había operado la caducidad de los acuerdos senatoriales y que la suspensión de la revisión por vía administrativa hubiera sido inútil.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Cuando se ha lesionado un derecho reconocido por la ley fundamental, los actos políticos de los poderes públicos son susceptibles de ser sometidos a juicio ante los Tribunales, a requisición del particular lesionado en su derecho, correspondiendo rechazar la incompetencia del Tribunal alegada."

"Si la cesantía dispuesta por el P. Ejecutivo del actor se funda en la denegatoria del acuerdo pedido al H. Senado, el asunto no admitía su revisión dentro del ámbito político administrativo por haber sido agotada en su consideración. Un replanteo de la cuestión por vía de revocatoria, por ello, habría resultado absolutamente inútil."

"Si la intervención al Poder Ejecutivo no se hizo extensiva a todo el personal de la Administración Provincial, no se produjo la caducidad ex lege de los acuerdos de que gozaban los funcionarios de la Constitución. De manera que restablecido el Gobierno Constitucional, los funcionarios que contaban con acuerdo senatorial continuaron investidos de la garantía de inamovilidad. No requerían nuevos acuerdos ni confirmación alguna. Consecuentemente el decreto del Poder Ejecutivo que da por terminadas las funciones del actor en el cargo de Contador General aduciendo la denegatoria del Honorable Senado respecto al acuerdo (nuevo) solicitado, viola abiertamente garantías constitucionales (la implícita del art. 141 y la expresa del art. 30 Constitución). Su nulidad es manifiesta (arts. 48 Constitución y 1044 y 1050 del Código Civil)."

(No consta voto en disidencia en el texto suministrado.)