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GONZALEZ DE ECHEGARAY A. EN J: GONZALEZ DE ECHEGARAY, A. C/ SUCESION H. BALLESTER P/ DESALOJO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION
El subinquilino se presentó como tercerista en un proceso de locación reclamando protección procesal y sustantiva. El tribunal sostuvo que el subinquilino reviste la calidad de tercerista sin interés propio, que debe probar esa calidad, y precisó que la ley 15.775 no autoriza la aplicación indiscriminada del art. 49; además rechazó que un juicio de desalojo iniciado antes del requisito de intimación previa deba ser desistido y admitió aplicación retroactiva cuando la ley eliminó causales de desalojo.
¿Quién es el actor?
El subinquilino que se presentó como tercerista (sublocatario).
¿A quién se demanda?
Partes del proceso de locación (locador y/o locatario principal; la sentencia se refiere a la relación procesal entre locador, locatario y tercerista).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Intervención del tercerista (sublocatario) en el proceso de desalojo/locación; discusión sobre aplicación de la ley 15.775 y requisitos para juicios de desalojo por falta de pago.
¿Qué se resolvió?
El subinquilino reviste la calidad procesal de tercerista sin interés propio, originario, directo y excluyente, y quien invoca tal calidad debe probarla.
La declaración de orden público de la ley 15.775 (art. 63) no autoriza la aplicación indiscriminada del art. 49.
Un proceso de desalojo por falta de pago iniciado antes de la entrada en vigencia del requisito de intimación previa no obliga al locador a desistir para efectuar nueva intimación; no existe razón de orden público que imponga tal solución que perjudicaría el derecho adquirido del locador.
Cuando la ley 15.775 eliminó determinadas causales de desalojo por razones proteccionistas, es admisible su aplicación retroactiva; igual ocurre cuando la ley modificó circunstancias fácticas consubstanciales a la configuración de la causal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El subinquilino reviste la calidad procesal de un tercerista sin interés propio, originario, directo y excluyente. Lógica consecuencia de ello es que quienes invoquen tal calidad deben probarla."
"La circunstancia de que la ley 15775 declara de orden público sus disposiciones (art. 63), no autoriza la aplicación indiscriminada de la norma del art. 49."
"Un proceso por desalojo por falta de pago, iniciado antes que rigiera el requisito de la intimación previa no tiene porque ser desistido por el locador para efectuar dicha intimación y, recién en caso de resistencia del locatario a pagar, iniciarlo de nuevo. Ninguna razón de orden público impone tal extraña solución, que implica sí hacer tabla rasa con el derecho adquirido por el locador en exclusivo beneficio del locatario que ha incumplido el contrato a sabienda de las consecuencias que ello importaba."
"Cuando la ley 15775 ha eliminado determinadas causales de desalojo, por considerar que ello se compadece con la finalidad proteccionista que la inspira, que es de evidente 'orden público', no existe inconveniente en su aplicación retroactiva. Otro tanto ocurre, cuando, no obstante no haberla eliminado ha modificado circunstancia fácticas consubstanciales a su configuración como situación jurídica concluída de su protección."
(No se consignan votos en disidencia en el fragmento aportado.)
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