CANOBRA VDA. DE VISCIGLIO BLANCA POR SI Y SUS HIJOS MENORES Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Herederos/partes interesadas en el juicio sucesorio (actuante no individualizado en el texto suministrado).

¿A quién se demanda?

Dirección General de Rentas (ente recaudador provincial) y el Estado provincial por la aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y por el Decreto 833/70.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de liquidación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en sede sucesoria; cuestionamiento de la composición del patrimonio transmisible (carácter propio o ganancial de bienes) fijada en peritajes aprobados en el juicio sucesorio; tacha de inconstitucionalidad del Decreto 833/70 por usurpación de funciones judiciales.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la tacha de inconstitucionalidad del Decreto 833/70; se sostuvo que las operaciones periciales aprobadas en el juicio sucesorio hacen cosa juzgada respecto del carácter propio o ganancial de los bienes y vinculan a la Dirección de Rentas; se indicó que la Dirección de Rentas, al ser parte en el proceso sucesorio, está legitimada para discutir la composición del patrimonio transmisible pero debe atenerse a lo resuelto en el proceso; y que no puede gravarse una transmisión gratuita que no existe (p. ej. en división de bienes por liquidación de sociedad de hecho o sociedad conyugal).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La aprobación de las operaciones periciales hacen cosa juzgada con respecto al juicio sucesorio en lo relativo al carácter propio o ganancial de los bienes, entre los herederos y la Dirección de Rentas, pues todos ellos son parte del proceso."

"La Dirección de Rentas puede discutir la composición del patrimonio transmisible, lo que es porque está legitimada para hacerlo, porque son parte respecto de la cuestión y en tal carácter, no pueden rehuir la carga que pesa a ella de atenerse a lo allí resuelto."

"La tacha de inconstitucionalidad del Decreto 833-70 en virtud de haberse arrogado el Poder Ejecutivo funciones judiciales no es acogible y no constituye acto reprochable a la luz de la norma contenida en el artículo 12 de la Constitución Provincial, siempre que no se excluya la posibilidad de revisión suficiente y adecuada del Poder Judicial."

"El hecho mismo de poder el accionante perseguir por la vía de la acción de inconstitucionalidad (artículo 223 C.P.C.) y la contencioso administrativa (artículo 227 C.P.C.), los controles judiciales adecuados y suficientes para asegurar la inviolabilidad de las garantías que pretende afectadas, nos demuestra palmariamente, que no existe peligro alguno de desconocimiento de las mismas, por los órganos administrativos que entienden de la determinación del impuesto, que puede adquirir carácter definitivo."

"La Dirección de Rentas es parte necesaria en el juicio sucesorio a los efectos de asegurar la percepción del impuesto, y todas las resoluciones dictadas en el proceso, en el que fuere parte, le son oponibles, salvo aquellos que la ley ha declarado que compete exclusiva o concurrentemente a la Administración Fiscal."

"No puede el Estado gravar una transmisión gratuita que no existe, como no la hay en caso de división de bienes por liquidación de una sociedad de hecho o de una sociedad conyugal."

"El carácter propio o ganancial atribuído a un bien en las operaciones periciales, no observadas por la Dirección General de Rentas, hacen cosa juzgada a los efectos del juicio sucesorio, y son pautas obligatorias para el ente estatal en lo que hace a la liquidación del impuesto a la trasmisión gratuita de bienes."

(No se aportan votos en disidencia en el material suministrado.)