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OBREGON ARMANDO Y OTRO C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Se impugnó la interpretación del plazo para que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre rendiciones de cuentas con reparos. El tribunal sostuvo que el traslado al responsable por 10 a 30 días habilita el derecho de defensa y a partir de ese momento corre el término máximo de un año previsto por la Constitución para que el Tribunal se pronuncie.
¿Quién es el actor?
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¿A quién se demanda?
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¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cuestión de constitucionalidad e interpretación del plazo para que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre rendiciones de cuentas con reparos, conforme ley 1.003 (arts. 35, 37, 38, 39) y los límites temporales fijados por la Constitución.
¿Qué se resolvió?
El tribunal interpretó que cuando la rendición es objeto de reparos y se corre traslado al responsable (plazo mínimo de 10 y máximo de 30 días), ese traslado garantiza el derecho de defensa y, desde ese momento, comienza a regir el término de un año fijado por la Constitución para que el Tribunal de Cuentas se pronuncie.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La ley 1.003 en su art. 35 establece que cuando la rendición es motivo de reparos, se correrá traslado al responsable por el término de diez días como mínimo y treinta como máximo, debiendo producir el descargo correspondiente (arts. 37, 38 y 39). Sin duda alguna que este término previo tiende a garantizar el derecho de defensa. Desde ese momento el Tribunal está obligado a pronunciarse, en otros términos, desde ese momento comienza a regir el término de un año que fija la Constitución.
La organización y jurisdicción del Poder Judicial que tuvo su origen en la Constitución de 1949, quedó incólume al reimplantarse la Constitución de 1916, pero ésta adquirió toda su vigencia por imperio del Decreto 2158 y como lógica consecuencia las leyes que la complementan como la ley 1.003 y por lo tanto de aplicación al caso que nos ocupa."
¿Cómo votaron los jueces?
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