JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

BACLINI DE COHEN, ANA MARÍA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (PODER JUDICIAL) P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

La actora promovió acción procesal administrativa solicitando la nulidad de las resoluciones de la Sala Administrativa que le impiden ejercer funciones notariales. La Sala Primera de la Suprema Corte rechazó la acción, entendiendo constitucional y proporcionada la suspensión prevista en el art.5º inc.2 de la Ley 3058 al no acreditarse en el caso una dilación procesal que torne la medida irrazonable.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
73099
Costas Inconstitucionalidad Proporcionalidad Plazo procesal Notariado Accion procesal administrativa Honorarios ley 3641 Suspension por auto de procesamiento Ley 3058 art.5 inc.2 Sala administrativa suprema corte mendoza. (he consignado las normas y las referencias jurisprudenciales tal como aparecen en la sentencia. no se ha incluido ninguna cita que no figure en el texto proporcionado.)

¿Quién es el actor?

Ana María Baclini de Cohen (por apoderado).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Judicial / Sala Administrativa de la Suprema Corte).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la Resolución de la Sala Administrativa de fecha 31.08.01 y su confirmatoria del 22.11.01 (Expte. 61.756 "Inspección Notarial s/Incautación Libro Requerimiento de Firmas") que impiden a la actora ejercer funciones notariales; se alega vicios en el procedimiento y la inconstitucionalidad del art.5º inc.2 de la Ley 3058.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la acción procesal administrativa; imponer costas a la parte actora; regular honorarios conforme Ley 3641.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien la actora sostiene que el acto es ilegítimo por distintas razones, como: ausencia de oportunidad de defensa (Art.60, inc. a Ley 3909); defectuosa intervención de la inspectora notarial en un proceso donde era parte interesada, lo que viola la garantía de la imparcialidad de la autoridad administrativa (art.61, ley 3909); falta de proporción en la medida adoptada (art.63, inc. c ley 3909) e inconstitucionalidad del art.5º, inc. 2 de la ley 3058, por ser irrazonable, entiendo que dado los fundamentos del acto administrativo impugnado, la única cuestión jurídica a resolver es la referida a la constitucionalidad de la disposición contenida en la ley que regula el ejercicio notarial."

"Ello es así por cuanto las cuestiones referidas a la ausencia de oportunidad de defensa previa (art.60 ley 3909) como a la falta de proporcionalidad en la medida adoptada no fueron discutidas en sede administrativa, por lo que conforme lo dispuesto por el Art.11 de la ley 3918 y la limitación impuesta al admitir la acción (fs.31), no son revisables en esta instancia."

"La Sala III de este Tribunal, luego de corroborar que en sede penal se había dictado auto de procesamiento ... dispuso que la misma se encontraba impedida de ejercer funciones notariales. La medida fue fundada en el art.5º inc. 2 de la ley 3058, que regula las funciones del notariado y que dispone 'No podrán ejercer funciones notariales .....2) Los encausados por delitos dolosos, desde que hubiere quedado firme el auto de procesamiento...'"

"Si bien no se me escapa que la actora no centra su queja en la irrazonabilidad por la duración del proceso penal, siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Federal ya citados, estimo adecuado verificar si en la especie puede admitirse tal razón para descalificar a la norma. ... Surge ... que la causa penal lleva aproximadamente más de dos años de trámite desde que quedó firme el auto de procesamiento y que la escribana Baclini está impedida de ejercer su profesión por igual lapso ... no existe en autos elemento que lleve a presuponer que la sentencia no será dictada con prontitud, ya que la causa penal se encuentra en estado de elevación a juicio. Tales circunstancias me llevan al convencimiento de que no se configura una situación especial que permita adoptar la solución que excepcionalmente admite la Corte Nacional."

"Consecuentemente, ... estimo que las exigencias que impone la ley 3058 se justifican por la especial naturaleza de esas funciones y que lejos de ser arbitrarias o desnaturalizar el derecho constitucional de trabajar, guardan adecuada proporción por la necesidad de tutelar el interés público comprometido."

¿Cómo votaron los jueces?

el Dr. Fernando Romano votó por la desestimación, con adhesión de las Dras. Teresa Beatriz Varela y Dr. Alfonso Gabriel Boulin (decisión unánime).

Fallos que cita

  • "-"CSJN · Fallos 318:219
  • "-"CSJN · Fallos 235:445
  • "-"CSJN · Fallos 311:506
  • "-"CSJN · Fallos 315:1370
  • "-"CSJN · Fallos 308:839
  • "-"CSJN · Fallos 287:248
  • "Resolución n°298/91 (expte. superintendencia n° 2499/89)"CSJN (mencionada) · 26/03/1991

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