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F. C/ MARTÍNEZ OVIEDO EXEQUIEL S/ REC. EXT. DE CASACIÓN
La Dirección General del Servicio Penitenciario impugnó por casación el auto que hizo lugar parcialmente al habeas corpus de los hermanos Martínez Oviedo ordenando su traslado y adecuaciones edilicias en el Complejo Penitenciario IV de San Rafael. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la casación, anuló el auto del 5-7-2024 y remitió las actuaciones al Tribunal Penal Colegiado N°2 para que, con intervención de la OGAP, dicte un nuevo pronunciamiento.
¿Quién es el actor?
La representante de la Subdirectora General a cargo de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza (recurrente).
¿A quién se demanda?
Tribunal Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial (resolución recurrida) y, en autos originales, los internos Martínez Oviedo (promoventes del habeas corpus por su defensa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Casación contra el auto de fecha 5 de julio de 2024 que confirmó la decisión de hacer lugar al recurso de apelación de la defensa y ordenó al Servicio Penitenciario gestionar adecuaciones edilicias y humanas en 7 días para recibir a los internos en el Complejo Penitenciario IV de San Rafael, garantizando visitas periódicas (acción de habeas corpus en ejecución penal).
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte admitió excepcionalmente el recurso de casación, hizo lugar al mismo y anuló el auto de fecha 5-7-2024; remitió las actuaciones al Tribunal Penal Colegiado N°2 para que, con intervención de la OGAP, se designe juez y se dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo resuelto.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En razón de lo brevemente expuesto, en forma eminentemente excepcional, corresponde admitir formalmente el recurso de casación intentado."
"De tal manera, las argumentaciones analizadas lucen carentes de sustento probatorio y producto de la íntima convicción del juzgador, centradas en la protección del derecho de acercamiento familiar de los internos Martínez Oviedo a través de visitas periódicas, sin considerar tampoco que el SPM proporcionó el pago de los pasajes de sus familiares para materializar las visitas periódicas, que recibieron durante su alojamiento en los centros de Mendoza."
"En consecuencia, deben remitirse las actuaciones al Tribunal Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial en función de lo aquí dispuesto (art. 486 del CPP), a fin de que la OGAP siga el trámite de ley para que se dicte un nuevo pronunciamiento."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del Dr. Pedro J. Llorente (preopinante) define la solución, con adhesión del Dr. José V. Valerio. Se deja constancia de que el Dr. Mario D. Adaro no suscribe por licencia.
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