PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L C/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. (actora).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Guaymallén.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de las Resoluciones N° 3634/18 y N° 3635/18 (y antecedentes) que confirmaron determinaciones de oficio de Derechos de Publicidad y Propaganda (DPP) correspondientes a los períodos 2011, 2012, 2014 y 2015, por la suma de $269.292,15 (capital), más intereses y accesorios; y la restitución del pago previo efectuado.

¿Qué se resolvió?

La ex Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la demanda, anuló las resoluciones municipales mencionadas y sus antecedentes (N° 449/15, Nº 1168/16, Nº 2250/16 y Nº 2630/17), dejó sin efecto las determinaciones de oficio por DPP para los años 2011, 2012, 2014 y 2015, condenó a la Municipalidad a restituir $269.292,15 más intereses (deberá presentar liquidación de intereses conforme art. 61 del Código Fiscal Provincial) y le impuso las costas; además reguló honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La motivación del acto administrativo se erige como una condición de validez del mismo, toda vez que se inserta en uno de sus elementos, y obliga -en su acepción amplia- a la explicación de las razones de hecho y derecho y de la finalidad perseguida por la Administración al momento del dictado del acto. Esta obligación, es la contracara del derecho que tiene el administrado a obtener una respuesta fundada a sus peticiones, cuestión que se enraíza con el derecho mismo al debido proceso (Fallos: 310:1797; 312:1042) o a la llamada tutela administrativa efectiva (F 327:4185)." (cita en considerandos)

"Si las razones de hecho expuestas por la demandada para ratificar las liquidaciones imputadas a la actora no pueden ser constatadas -ni por la propia interesada ni por el Tribunal-, la misma sustancia de los actos se desbarata, tornándose su motivacion en una mera ficción." (considerando decisorio)

"Convalidar el proceder de la demandada, la que se mantuvo en una posición omisiva ante los pedidos de la empresa interesada en sede administrativa y en esta sede tendientes a brindarle la información necesaria sobre las circunstancias fácticas que subyacieron a las liquidaciones, culminaría por tornar ilusoria cualquier posibilidad defensiva del administrado." (considerando sobre derecho de defensa)

Asimismo, el fallo destaca como hechos probados y determinantes que las liquidaciones y actas adolecían de datos precisos sobre la identificación de objetos publicitarios, la individualización de locales y la constancia de actas o declaraciones juradas que hubieran sustentado las determinaciones, y que la mayoría de los conceptos liquidados correspondían a "avisos interior", cuestión en pugna con el régimen de coparticipación federal según precedentes del tribunal.

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Julio Ramón Gómez votó por hacer lugar a la demanda y suscribieron las Dras. María Teresa Day y Norma Llatser (adhieren al voto precedente). No hay disidencias.