CARLOS Y LUIS FUENTES S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Carlos y Luis Fuentes S.R.L.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales DGR Nº 86/00 y Nº 23/02 y anulación de actos administrativos individuales (RG Nº 55/98 y RG Nº 7/11) por su aplicación en la designación como agente de percepción/retención del impuesto sobre los ingresos brutos.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al recurso de casación presentado por la Provincia, casó íntegramente la Sentencia Nº 961 de fecha 27/07/2021 dictada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dejó sin efecto dicho pronunciamiento y remitió la causa a la Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo fallo conforme a lo resuelto. Asimismo, se impusieron las costas en el orden causado y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original):

"V.- Como bien postula la recurrente, de la confrontación de los términos del fallo objeto de casación y del escrito de demanda surge evidente la falta de correspondencia entre los argumentos utilizados por la Cámara para decidir como lo hizo con las constancias obrantes en este expediente.

En efecto, el Tribunal sostuvo que la Provincia de Tucumán no había acreditado el efectivo acogimiento de la firma actora a las moratorias que alude y que ello tampoco surgía de las constancias del expediente (apartado IV, p. 11 del pronunciamiento impugnado). Sin embargo, consta en autos un informe producido por la Jefa del Departamento Recaudación de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán, CPN Myriam C. Guzman en el que consta que “el contribuyente Carlos y Luis Fuentes SRL, se adhirió por impuesto Multas - Agente de Retención Practicadas y No ingresadas, a los planes de pago Tipo 1354 nro 121891 período 11/2016, Tipo 1354 nro 121912 periodo 08/2016, Tipo 131355 nro 86437 periodo 12/2015, Tipo 1355 nro 86442 periodo 08/2015, Tipo 1355 nro 86447 periodo 10/2015, y Multas Percepción Practicadas y No Ingresadas Tipo 1358 nro 121884 periodo 02/2017, Tipo 1358 nro 121886 período 11/2016, Tipo 1358 nro 121888 periodo 08/2016, Tipo 1358 nro 121889 periodo 04/2016, Tipo 1358 nro 121890 periodo 10/2016, Tipo 1358 nro 121893 periodo 12/2015, Tipo 1358 nro 121894 periodo 02/2016, Tipo 1358 nro 121911 periodo 01/2017, Tipo 1358 nro 121944 período 03/2016, Tipo 1359 nro : 122067 periodo 09/2016, Tipo 1359 nro 122070 período 06/2016, Tipo 1359 nro 199067 periodo 01/2016, Tipo 1359 nro 205238 periodo 05/2018. Todos estos planes se encuentran cancelados. Los planes de pago de Multas Tipo 1355 nro 122064 y Tipo 1359 nro 122079 de Retención Practicadas y No Ingresadas Y Percepción Practicadas y NO Ingresadas respectivamente se encuentran caducos. Y el plan de pago Tipo 1436 nro 199068 período 01/2016 que corresponde a Intereses por Percepción Practicadas y No Ingresadas se encuentra cancelado. Todos los planes mencionados anteriormente corresponden a la Ley 8873” (escrito presentado el 16-03-2021 por la DGR, según constancias del sistema SAE).

Como puede verse en el informe precedente, la afirmación de la Cámara respecto de la ausencia de pruebas sobre el acogimiento a un plan de facilidades de pago instaurado por la Ley 8.873 no se condice con el informe emanado de la autoridad fiscal provincial que da cuenta de la existencia de ciertos planes de facilidades de pago a los que se acogió la firma actora, cada uno con diversa suerte (algunos cancelados, otros caducos), pero todos enmarcados en el régimen establecido por la Ley 8.873. Si el Tribunal consideraba que dicha prueba informativa resultaba insuficiente para demostrar la existencia del acogimiento invocado por la Provincia, así debió hacerlo expresamente. Es decir, la decisión de restar valor de convicción a una prueba (en este caso, informativa) puede fundarse en un sinnúmero de razones, pero en cualquier caso, resultaba indispensable que enunciara las razones que justifican -desde el punto de vista de la Cámara- el menor valor de convicción que pudiera adjudicarle para considerar probado un hecho. Pero de ninguna manera afirmar que no existen pruebas producidas por la demandada orientadas a acreditar el presupuesto de hecho que invocó en sustento de su posición al deducir la defensa de acto firme."

"VI.- En virtud de lo antes expuesto, considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia Nº 961 del 27 de julio de 2021 dictada por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en base a la siguiente doctrina legal: “Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no cuenta con fundamentos suficientes”.

En consecuencia, debe dejarse íntegramente sin efecto la sentencia en crisis remitir las presentes actuaciones a la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de que, por la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la mencionada excepción, teniendo en cuenta lo aquí considerado y conforme a las constancias obrantes en la causa. Cabe destacar que lo aquí resuelto no debe ser entendido como en el sentido de adelantar, en ningún sentido, la opinión de esta Corte respecto de la cuestión debatida y que es objeto de reenvío."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue unánime; todos los votos (Dra. Eleonora Rodríguez Campos, Dr. Daniel Leiva y Dr. Antonio D. Estofán) adhirieron a los fundamentos y al resultado de hacer lugar a la casación.