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Tribunal Superior

CABELLO SUSANA DEL VALLE c/ CARVELO JOSE RICARDO Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO

La actora promovió demanda por indemnización por despido reclamando la existencia de relación laboral con el demandado. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de casación por arbitrariedad en la valoración probatoria y casó la sentencia de la Cámara, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
47572
Despido Relacion de dependencia Prueba Afip Aportes Arbitrariedad de sentencia Casacion Valoracion probatoria Motivacion insuficiente Indemnizacion por despido.

¿Quién es el actor?

Susana del Valle Cabello (actora).

¿A quién se demanda?

José Ricardo Carvelo (y otros).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido; se discutía la existencia de relación de trabajo en relación de dependencia.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora; se casó totalmente la sentencia Nº 290 de la Cámara del Trabajo (23-11-2015) y se remitieron los autos a la Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas de la instancia de casación en el orden causado; se difirió regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la sentencia cuestionada, el Tribunal de Mérito, luego de reseñar la posición de ambas partes respecto a la real existencia de la relación laboral invocada por la parte actora y negada por la demandada, expuso que estaba a cargo de la actora demostrar la existencia del contrato de trabajo invocado; que, recién probada la efectiva prestación de servicios, en las condiciones establecidas por los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 20.744 (en adelante, LCT), se tornan aplicables las presunciones previstas tanto por la ley de fondo como por la forma; y que esta Corte, en reiterados pronunciamientos, se ha expedido en sentido que, para que proceda la presunción prevista por el artículo 23 de la LCT, debe probarse previamente la prestación de servicios bajo dependencia de otro, pues de esa prueba depende que la presunción aludida entre a jugar.

...

Concluyó que “Del exhaustivo análisis de las pruebas instrumentales, inspección ocular, confesional, informativa y testimoniales, surge que la actora no ha podido aportar elementos jurídicos y fácticos que probasen las notas características del contrato de trabajo, en otras palabras no ha podido determinar con mínima seguridad y en forma fehaciente que la relación que aduce la vinculaba al demandado era de naturaleza laboral o subordinada.” (cfr. fs. 568). Y, finalmente, agregó: “...el material fáctico incorporado al expediente no permite acreditar la relación laboral sustentada por la actora en la demanda. Y es que en la causa no aparece una sola prueba que permita tener a aquella como cumpliendo servicios bajo las órdenes del accionado, en el marco de un contrato de trabajo. Consecuentemente, (...), la demanda promovida debe ser rechazada in totum.” (cfr. fs. 568 vta./569)."

"En efecto; la recurrente señaló que la Sala A quo soslayó el valor probatorio del informe de la AFIP, glosado a fs. 378. Analizadas las constancias de autos, se observa que a fs. 373/379, la AFIP informó que la actora “registra Aportes como empleado en relación de dependencia del Contribuyente CARVELO JOSE RICARDO - CUIT Nº 20-13513732-5 en los Periodos que se detallan en faja de consulta Sistema “Mis Aportes” que se adjunta al presente...”(cfr. fs. 379); y adjuntó planillas con detalle de los aportes y contribuciones declarados e ingresados a favor de la actora, en las que consta, en nota obrante en su margen superior, que “Esta planilla muestra sus datos en relación de dependencia”; así como que en los períodos 04/2001 a 08/2002, la actora registra aportes declarados de la seguridad social y de obra social, de la razón social “CARVELO JOSE”, “CUIT 20135137325”, su remuneración total bruta, y que los aportes declarados no fueron depositados, salvo el del período 05/2001, como tampoco las contribuciones patronales de obra social (cfr. fs. 376).

Siendo ello así, no resulta ajustado a derecho que la Cámara valorara que “...aun cuando ello deja al descubierto la contradicción en que incurre el demandado al contestar demanda donde proporciona que no existió relación laboral alguna, (...) carece de efecto probatorio de la fecha de ingreso que se invoca en la demanda, como así también de las tareas realizadas, la categoría profesional que correspondía al desempeño laboral de la actora y el horario de trabajo que se afirma cumplido...”; y concluyera que “...en la causa no aparece una sola prueba que permita tener a aquella como cumpliendo servicios bajo las órdenes del accionado, en el marco de un contrato de trabajo...”.

Contrariamente a lo razonado por el sentenciador, el informe de AFIP, glosado a fs. 373/379, debió haber sido ponderado, en primer lugar, desde la perspectiva de análisis de la existencia misma de relación de dependencia laboral, y no desde las condiciones en que ella se habría desarrollado; pues esto último constituye otro plano de análisis, posterior al primero, que debió haberse abordado, lógicamente, luego de haberse establecido si se acreditó la existencia de relación de dependencia laboral de la actora respecto del demandado.

Es que, existiendo una probanza que, la propia Cámara, entendió que acredita la falsedad de la versión brindada por la demandada relativa a que no habría existido relación laboral con la actora, se infiere que la motivación brindada por el Tribunal de Grado resulta insuficiente para fundar su conclusión que no se logró acreditar la existencia, de dicha relación laboral y que no existe una sola prueba, en estos autos, que permita tener a la actora como cumpliendo servicios bajo las órdenes del accionado, en el marco de un contrato de trabajo.

Las consideraciones expuestas evidencian que la solución propiciada, por la Cámara, no se basó en un adecuado e integral examen de las pruebas producidas en autos, ni constituye una aplicación razonada del derecho vigente, ni cuenta con fundamentos adecuados y suficientes; todo lo cual determina la descalificación del fallo de marras como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia."

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo votos en disidencia; los tres vocales (Goane, Sbdar, Gandur) acordaron.

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