METALURGICA RAMON S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Metalúrgica Ramón S.R.L. (demandante, actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se promovió acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 1.961/03 (12/9/2002) y sus prórrogas que dejaron sin efecto el régimen de alícuota 0% para ciertas actividades gravadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia, casó la sentencia Nº 497 de la Cámara (04/11/2020) y dictó como sustitutiva: “I.- NO HACER LUGAR a la demanda de inconstitucionalidad promovida por Metalúrgica Ramón S.R.L. en contra de la Provincia de Tucumán. II.- COSTAS por el orden causado (cfr. art. 105, incisos 1 y 2, del CPCyC)”. Se reservaron regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Dispositivo final (texto literal sustitutorio ordenado por la Corte):

“I.- NO HACER LUGAR a la demanda de inconstitucionalidad promovida por Metalúrgica Ramón S.R.L. en contra de la Provincia de Tucumán. II.- COSTAS por el orden causado (cfr. art. 105, incisos 1 y 2, del CPCyC)”.

2) Doctrinas legales centrales (texto literal extraído del voto preopinante y concordado por la mayoría):

“a) ‘La adhesión de la Provincia de Tucumán a los principios y propósitos contenidos en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento no implicó renunciar a sus facultades constitucionales no delegadas a la Nación. El Poder Legislativo Provincial conservó plenamente sus facultades tributarias y, consiguientemente, todas las atribuciones necesarias para regular los aspectos inherentes al Impuesto a los Ingresos Brutos, razón por la cual continuaron vigentes en su territorio las normas locales que regulan la organización y el funcionamiento del sector de la actividad primaria. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento por ende, no implicó por sí mismo la derogación de las normas de la materia vigentes en la provincia”.

“b) ‘Resultan constitucional el Decreto N° 1.961/03 (12/9/2002) y sus prórrogas y modificaciones, por el cual se deja sin efecto el régimen de alícuota cero dispuesto para ciertas actividades gravadas con el Impuesto a los Ingresos Brutos por el Decreto N° 2.507 (12/11/1993), al no resultar violatorio del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento ni tampoco de la Constitución Nacional ni Provincial, toda vez que la Legislatura local no ratificó dicho Pacto, sino que solo se adhirió a sus principios y propósitos, con lo cual éste no fue incorporado al derecho público local con fuerza normativa’”.

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo fue resuelto por mayoría (votos conformes de los Dres. Daniel Leiva, Dra. Eleonora Rodríguez Campos y Dr. Juan Ricardo Acosta). Adhirieron en disidencia las Dras. Claudia Beatriz Sbdar y el Dr. Daniel Oscar Posse, quienes consideraron que la Cámara se había apartado de precedentes de la Corte y propusieron casación seguida de reenvío para nuevo pronunciamiento (pero la mayoría resolvió directamente NO HACER LUGAR).