PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR- c/ LAS CUMBRE S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

PROVINCIA DE TUCUMÁN - DGR (actora en la ejecución fiscal).

¿A quién se demanda?

LAS CUMBRE S.A. (carátula original) / en el incidente el letrado Eduardo Sixto Martínez Folquer actúa como ejecutante de honorarios contra la Provincia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pedido de embargo ejecutorio por ejecución de honorarios (sentencia firme que ordenó ejecutar la suma de $1.187.585).

¿Qué se resolvió?

Se declaró de oficio la inconstitucionalidad, en el caso concreto, de los artículos 2 y 4 último párrafo de la ley Nº 8.851 y se hizo lugar al recurso de apelación, revocando el apartado 1) del proveído de fecha 17/11/2021 y disponiendo trabar embargo ejecutorio sobre las cuentas bancarias de la Provincia en el Banco Macro hasta cubrir $1.187.585. Se impusieron costas a la actora por el orden causado y se reservaron honorarios para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):

“Entiende esta Fiscalía que en materia de honorarios, las leyes de emergencia resultan inconstitucionales por cuanto afectan un crédito que es de carácter alimentario. Con relación a la ley 8851 opuesta por el letrado impugnante, la sent. CSJT autos “Álvarez Jorge Benito y otros s/Prescripción Adquisitiva”, de fecha 31/10/2017 declaró su inconstitucionalidad en razón de que no existía hipótesis de excepción cuando se tratare de un crédito alimentario.

En dicho pronunciamiento se dijo: “…Así, se ha expresado que “…la jurisprudencia, tras analizar el espíritu, naturaleza y alcance de los honorarios, concluyó mayoritariamente en que la retribución profesional efectivamente goza de dicho carácter alimentario, posición que también comparte la doctrina (…)… La jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia se ha manifestado en forma coincidente con esta apreciación (cfr. CSJT: sentencias Nº 1023, del 18/11/2005; Nº 386, del 04/5/2009; Nº 797, del 18/10/2010; Nº 361, del 21/5/2012, entre otras)…”.

“…Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el “estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva” (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851)…”.

“…Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851…”.

“Así las cosas, consideramos arreglado a justicia declarar la inconstitucionalidad en el presente caso de los artículos arts. 2 y 4 último párrafo de la ley Nº 8.851, en cuanto declaran la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público y establecen la observancia de un estricto orden de antigüedad para el cumplimiento de las condenas.

En definitiva, se declara la inconstitucionalidad en el caso particular de la ley Nº 8.851, arts. 2 y 4 último párrafo.”

“Atento a que la sentencia de fecha 16/09/2019 (fs. 289) ordena llevar la ejecución por la suma de $1.187.585, y la misma se encuentra firme, corresponde ordenar que se trabe embargo ejecutorio sobre las cuentas bancarias en las que el Estado Provincial sea titular en el Banco Macro, hasta cubrir la suma de pesos un millón ciento ochenta y siete mil quinientos ochenta y cinco ($1.187.585), conforme los lineamientos aquí expuestos.”

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo aparece plasmado en el dispositivo final del fallo integrado por los señores jueces que firman (Gisela Fajre; M. Soledad Monteros). No se registra disidencia en el texto.