ACEVEDO IVANA Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO COLECTIVO

¿Quién es el actor?

Cinco personas que se presentaron como ciudadanas de la provincia (autos: “Acevedo Ivana y otros”).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción declarativa de inconstitucionalidad y amparo colectivo contra la Ley 6048 y su decreto reglamentario n.º 2898/21 por autorizar la riña de gallos.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la nulidad de la providencia del 26-04-2018 (fs. 316) y de todos los actos procesales posteriores por haberse dispuesto el retorno de autos al tribunal sin dar intervención previa al Ministerio Público Fiscal; se remitió la causa al tribunal de origen para que continúe el trámite asegurando el debido proceso; costas por el orden causado; reserva de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De acuerdo a las constancias de autos, cinco personas -invocando su condición de ciudadanas de la provincia- demandaron mediante una acción meramente declarativa la inconstitucionalidad de la Ley 6048 y su reglamentación, en tanto autorizan en nuestra provincia la riña de gallos (fs. 5/23). En un primer momento, el Tribunal interviniente consideró comprometidos derechos colectivos que excedían el interés particular de las actoras y decidió, en virtud de ello, dar intervención al Ministerio Público Fiscal en defensa del interés público (art. 9, inc. 2, in fine y 78, 2° y 3 párrafo del Código Procesal Constitucional -en adelante, CPC-, fs. 98)."

"Al no haber sido llevado adecuadamente el trámite de este juicio, la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal implica una alteración de la estructura esencial del proceso que es necesario subsanar en esta ocasión, tal como señala correctamente el señor Ministro Fiscal en su dictamen del 22 de septiembre de 2022."

"El déficit señalado configura un vicio susceptible de encuadrarse en el último párrafo del artículo 166 del CPCyC -de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del CPC-; por lo tanto, trae aparejada la nulidad absoluta e insubsanable del acto viciado y de todos aquellos posteriores que sean su consecuencia.

En razón de lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad de la providencia del 26 de abril de 2018 (fs. 316), en tanto dispone “vuelvan los autos a conocimiento y resolución del tribunal” sin dar intervención previa al Ministerio Público Fiscal y de la totalidad de los actos procesales que tuvieron lugar en autos con posterioridad a dicha providencia irregular (cfr. art. 170 del CPCyC). En consecuencia, debe remitirse la causa al Tribunal de origen a fin de que continúe el trámite asegurando el debido proceso y la adecuada tutela del interés público aquí comprometido."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (doctas. Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Beatriz Sbdar y Dr. Daniel Oscar Posse) adhiriendo al voto preopinante.