CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ LATINO MARTA SILVIA s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS

¿Quién es el actor?

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.

¿A quién se demanda?

LATINO MARTA SILVIA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ordinario de pesos y medida cautelar de embargo preventivo fundada en una Certificación de Deuda (emitida el 16/07/2020) en virtud de la Ley N° 5.115 (Carta Orgánica de la actora).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de fecha 11/04/2022 que denegó el embargo preventivo. Se impusieron costas a la apelante y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De esta manera, el apelante introduce en su memorial cuestiones que no fueron planteadas al solicitar la medida cautelar, ni fueron puestas oportunamente a consideración del Sra. Jueza de grado, por ende, no fueron tratadas en la sentencia apelada; de ahí, que esta alzada se encuentra vedada de analizar la cuestión que pretende introducir la recurrente, conforme art. 713 CPCCT, Ley N° 6176 aplicable al caso.

En este sentido se dijo: 'El principio es que el tribunal no podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta a decisión del inferior. Esta regla general es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, la cual no configura un nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente. Al respecto, señala Hitters “la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez inferior, ya que la función prístina del ad quem no es la de fallar en primer grado, sino la de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior”...'

En virtud de lo apuntado, la presentación recursiva no alcanza a poner en evidencia el vicio que endilga a la decisión atacada, por lo que no cabe más que confirmarla, atento a la ausencia de uno de los requisitos para la concesión de una medida cautelar: el peligro en la demora."

Además: "Se advierte que la parte solicitante de la medida adujo acreditar tales requisitos a partir de la mera existencia del certificado de deuda, el cual resulta insuficiente por sí para cumplir con tal finalidad. Si bien la cautelar no exige certeza para su otorgamiento, sí exige que contenga mínimos elementos de viabilidad que no pueden reducirse a manifestaciones unilaterales de la administración tributaria..."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia es acordada y confirmatoria; la Dra. Gisela Fajre acompaña adhiriendo a los argumentos y precedentes citados (no se registra disidencia).

Fechas relevantes: certificación de deuda emitida el 16/07/2020; sentencia de primera instancia 11/04/2022; recurso interpuesto 19/04/2022; presentación de agravios 30/05/2022; resolución de la Cámara 30/11/2022 (Sentencia N° 282).