CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ BATLLE DE ABDALA ILDA ROSA s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS

¿Quién es el actor?

CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.

¿A quién se demanda?

BATLLE DE ABDALA ILDA ROSA (ejecutado en el cobro ordinario de pesos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pedido de traba de medida cautelar/embargo sobre activos del ejecutado depositados en cualquier institución financiera y su comunicación a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que se notifique a todas las entidades del sistema financiero.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la actora y se confirmó la providencia de fecha 06/05/2022 que denegó la traba del embargo en la forma solicitada. No se impusieron costas por falta de sustanciación (art.107 del CPCCT). Fecha de la resolución: 21/12/2022.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En casos parecidos este Tribunal tiene dicho que la traba del embargo y su comunicación, tal como la solicita la parte apelante, significaría un perjuicio innecesario para el deudor pues la multiplicidad de embargos en la totalidad de las distintas entidades bancarias del país generaría un cuadro financiero distorsivo e innecesario, existiendo otros medios o formas para cumplir de manera paulatina o escalonada con la pretensión cautelar."

"Es así que el embargo en todo el sistema financiero argentino, - conforme lo solicita la recurrente -, resultaría excesivo para garantizar el cobro del crédito reclamado en autos debido a que el BCRA no tiene forma de evitar la multiplicación de embargos; lo que claramente denota la falta de proporcionalidad razonable entre el alcance y gravedad de la medida solicitada y los derechos cuya protección se pretende, los que pueden ser asegurados mediante la aplicación sucesiva de la cautelar en los distintos bancos que integran el sistema."

"En este punto encontramos fundamento suficiente para el rechazo de la medida solicitada, toda vez que la adopción del embargo en la forma solicitada por la apelante significaría un perjuicio innecesario para el deudor. De lo expuesto surge que la pretensión sería inútilmente gravosa si se concediera y diligenciara en la forma solicitada, por lo que decisión recurrida debe confirmarse al ser acorde a derecho (art. 278 inc. 1°) del CPCC) y a la doctrina judicial imperante sobre el tema."

(Votos: resolución de Sala II. No obra disidencia en el decisorio.)