PROVINCIA DE TUCUMAN c/ MUTUAL ASOCIACION BANCARIA DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán, en su carácter de sucesora de activos y pasivos del ex Banco de la Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Mutual de la Asociación Bancaria de San Miguel de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución hipotecaria por la suma de $350.000 basada en la escritura pública nº 632 de fecha 19/12/1994; se reclamó además descuento por pago parcial de $13.700.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora, casó y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara (24/2/2011) que había acogido la excepción de inhabilidad de título por inexigibilidad de la deuda y rechazado la ejecución; remitió los autos a la Cámara para que, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento. Imponiendo costas de esta instancia a la parte demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El sistema de determinación y plan de cancelación de deudas instrumentado mediante la Ley Nº 6.790, constituía el marco a partir del cual los deudores del ex Banco de la Provincia de Tucumán (Banco Residual) contaban con la posibilidad de renegociar sus deudas, es por ello, que justamente fijaba algunas variables sobre el modo en que se podía pactar el pago de las mismas. Así, el artículo 3º de dicha ley, contemplaba algunos topes a las posibilidades de negociación de la autoridad de aplicación referidos al plazo, moneda de pago, tasa de interés, garantía, etc. que debían respetar los futuros acuerdos, el art. 5º faculta a la autoridad de aplicación a pactar tasas de interés más bajas hasta una tasa mínima del 10% anual; por su parte, el Decreto nº 288/3(MH) -del 05/02/1997- reglamentario de la Ley Nº 6.790, habla claramente de la posibilidad de que la autoridad de aplicación conceda planes de refinanciación (art. 1º), resultando un requisito ineludible para ingresar en el régimen de la ley la manifestación por escrito y el posterior cumplimiento de la totalidad de los requisitos en los plazos que establezca la autoridad de aplicación (art. 4º).

Es decir, la solicitud de acogimiento a la Ley Nº 6.790, no importaba la automática aplicación de un régimen o plan de cancelación de deuda que establezca un mecanismo único de pago al cual se introducía por la sola petición, por el contrario, exigía -como paso fundamental para el efectivo acogimiento a los beneficios de la Ley Nº 6.790- el previo cumplimiento de los requisitos que la autoridad de aplicación establecía, conforme surge del art. 4º del referido Decreto nº 288/3(MH), y que el deudor alcance un acuerdo sobre el modo de pago de su deuda, que se adecue con las posibilidades de negociación con las que contaba la autoridad de aplicación, recién a partir de ese momento se podía interpretar que existía una renegociación de la deuda, en efecto, se accedía a los beneficios de la Ley Nº 6.790.

En la especie, y conforme surge de las actuaciones administrativas remitidas a fs. 443, la demandada no obró en forma diligente, dado que con posterioridad a su solicitud de acogimiento a la Ley Nº 6.790 (del 30/5/1997) se mostró desinteresada en el cumplimiento de los requisitos necesarios para el efectivo acogimiento a la ley y en realizar gestiones tendientes a la obtención de un acuerdo sobre el pago de su deuda, habiendo transcurrido más de siete años para que -una vez intimada- realice las primeras gestiones tendientes a pactar el modo de cancelación de su deuda (peticionando una bonificación del 30% de los intereses y pago con títulos públicos) que además resultaron rechazadas, por encontrarse sus pretensiones ajenas al ámbito de negociación de la autoridad de aplicación (conf. fs. 129 de las actuaciones administrativas).

... Por ésta consideraciones, en nuestra interpretación y en el marco de las peculiares características de autos, la demandada no cumplió tempestivamente los requisitos establecidos, no realizó propuesta de forma de pago y, por ello, tampoco alcanzó una renegociación de su deuda que hubiese tornado inexigible el crédito en sus condiciones primigenias, en consecuencia, se debe interpretar que la Resolución nº 109/04 sólo reflejó el hecho de tenerlo por no acogida o desistida de la solicitud de la demandada de acogerse al plan de cancelación de deuda, pero que tal declaración no resultaba necesaria para tornar exigible un crédito que la demandada mantiene con la actora desde el año 1996, es por ello, que el debate sobre la falta de su adecuada notificación, no obsta a la exigibilidad del crédito hipotecario ejecutado en la especie."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. Antonio Gandur (preopinante) con adhesión de los Dres. René Mario Goane y Arnaldo Edgardo Alonso. No hubo disidencias.