ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TUCUMAN c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO COLECTIVO

¿Quién es el actor?

Asociación de Magistrados de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Poderes Legislativo y Ejecutivo respecto de la sanción, promulgación y publicación de la Ley Nº 8.966).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo colectivo contra la Ley Nº 8.966 (modificatoria de la Ley Nº 8.734) por entender que: (i) su art. 1º implícita y efectivamente vedaría el derecho del acusado a recusar miembros del Jurado de Enjuiciamiento; (ii) su art. 2º establecería la suspensión ipso iure del acusado durante el proceso; además se cuestionaron disposiciones constitucionales sobre la integración del Jurado y la irrecurribilidad de su sentencia.

¿Qué se resolvió?

Hacer lugar parcialmente al amparo en relación con la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Nº 8.966 (sustituto del art. 28 de la Ley Nº 8.734), declarando su inconstitucionalidad en cuanto dispone que “La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso”. Se desestimaron los restantes planteos (incluida la alegada veda a la recusación contenida en el art. 1º y los cuestionamientos a normas constitucionales sobre integración e irrecurribilidad), con las consideraciones expresadas. Se imponen las costas por su orden y se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto a la alegada 'veda implícita al acusado del derecho de recusar', cabe señalar que el art. 1 de la Ley 8.966 sustituyó al art. 11 de la Ley N° 8.734, que en sus dos primeros párrafos establece:

'Los miembros del Jurado no son recusables sin expresión de causa. Serán causales de recusación y excusación las previstas en la Ley Nº 8198 o las que en el futuro la modifiquen, las que serán resueltas por el Jurado por mayoría simple, en instancia única e irrecurrible. Estas causales serán de interpretación absolutamente restrictiva.

La recusación podrá ser deducida por el denunciante y deberá interponerse en la oportunidad establecida por el Art. 33 de esta Ley. En todos los casos deberá deducirse por escrito, con indicación de los motivos y de las pruebas en que se funda, bajo pena de inadmisibilidad'."

"De acuerdo a todo lo expresado y teniendo en cuenta las posiciones asumidas por las partes, una razonable interpretación del art. 1 de la Ley Nº 8.966 (sustitutivo del art. 11 de la Ley Nº 8.734) lleva a concluir que ese artículo no veda al acusado la posibilidad de recusar a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento por las causales allí previstas."

"En relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley Nº 8.966 (sustitutivo del art. 28 de la Ley Nº 8.734) en cuanto establece que 'La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso', como se anticipó, coincido también con lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal. Ello así, en tanto el art. 47 de la Constitución provincial establece que 'Durante la tramitación del juicio político los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones', y su art. 131 dispone que 'El procedimiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento se sujetará a las bases para el Juicio Político establecidas en esta Constitución, adaptándolas cuando sea necesario. Una ley especial, que deberá dictarse dentro de los seis meses de sancionada la presente Constitución, las reglamentará sin alterarlas ni restringirlas'. Así entonces, el procedimiento ante la Comisión Permanente de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento debe sujetarse a las bases para el Juicio Político establecidas en la Constitución, entre ellas, la que dispone que durante el trámite del juicio los acusados no pueden ser suspendidos en sus funciones, sin que la ley reglamentaria pueda alterar ni restringir esas bases constitucionales."

"Viene al caso tener en cuenta que 'la amenaza admite, dentro del amparo, la violación de un derecho constitucional en el futuro. Sin embargo, el concepto de futuro ha sido restringido por el calificativo de inminente, contenido en la norma. Es decir que se excluye el futuro remoto, dado el criterio de la urgencia en que se funda el sistema. En otras palabras, la amenaza ilegal, a los fines de habilitar la acción de amparo, debería ser de tal magnitud que pusiera a los derechos en juego en peligro efectivo o inminente' (Sbdar, Claudia B., Amparo de Derechos Fundamentales, 1ª ed., Buenos Aires – Madrid, Ed. Ciudad Argentina, 2003, p. 108)."

¿Cómo votaron los jueces?

"I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la acción de amparo interpuesta por la Asociación de Magistrados de Tucumán en relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 2 Ley Nº 8.966 (sustitutivo del art. 28 de la Ley Nº 8.734); consecuentemente DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de ese artículo en cuanto dispone que 'La acusación traerá aparejada la suspensión del funcionario o magistrado por el tiempo que dure el proceso', y DESESTIMARLA respecto de los restantes planteos, con el alcance considerado. DISPONER que se protocolice el dictamen del Sr. Ministro Fiscal adjunto a la presente sentencia.

II. COSTAS, como se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad."

No se consignan votos en disidencia explícitos en el texto que se analizó.