SUCESION LOPEZ DE ZAVALIA FERNANDO JUSTO c/ NIEVA DONATO EDUARDO s/ DESALOJO

¿Quién es el actor?

Sucesión López de Zavalía Fernando Justo (actora).

¿A quién se demanda?

Nieva Donato Eduardo (proceso de desalojo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La actora reclama la restitución de la documentación original que acompañó al proceso y que fue retenida por el juzgado.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y se confirmó la providencia de fecha 14/02/2023 que condicionó la entrega de la documentación al previo cumplimiento de aportes previsionales (art. 34 ley 6.059), al pago o afianzamiento de honorarios (art. 35 ley 5.480) y a la reposición de la planilla fiscal; costas por su orden; reserva de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

II. Ingresando a la cuestión traída a estudio, conforme normativa aplicable y jurisprudencia, surge la convicción de este Tribunal que el recurso no puede ser acogido con base en las siguientes consideraciones.

En efecto, se encuentra correctamente rechazada la pretensión de la recurrente, vinculada con la entrega de la documentación original; pues no se ha dado cumplimiento en autos con los aportes previsionales que prevé el art. 26 inc. j) y k) de la ley N° 6.059, los cuales son debidos tanto por el letrado como por el obligado al pago. Tales contribuciones, al ser recursos de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, son de su propiedad exclusiva y excluyente. Por ello, su cumplimiento previo es insoslayable, conforme lo normado por el art. 34 de la citada ley; máximo, si se tiene en cuenta que se trata de una ley previsional que por su marcada finalidad de protección social, goza de prevalente garantía constitucional directamente insertada en las normas del art. 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. CCDL, Sala 3, “Centro de Empresarios c/ Romano Norri Martin y Otro s/ Cobro Ejecutivo”, sentencia N° 242 del 29/07/2014).

En igual sentido se busca proteger las cajas provinciales a nivel nacional. Así, autorizada doctrina sostuvo: “el art. 10 de la ley nacional N° 27.423 establece que ‘Ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin el previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hubieren cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en la institución de matriculación pertinente. Se deberá también dar cumplimiento a las normativas previsionales y de seguridad social para abogados y procuradores, vigentes en cada provincia…’”.

Con relación a lo postulado por la recurrente que la documentación original escapa de las normas referidas, lo cierto es que -como bien sostiene la colega de primera instancia- los arts. 34 de la ley N° 6.059 y 35 ley N° 5.480 no realizan distinción alguna y resulta imperativa, imponiendo sobre la magistrada la prohibición de entrega alguna, llámese dinero; objeto o bien alguno, sin que se cumpla con el pago de los aportes que deben cumplirse ante la Caja de Abogados y Procuradores, y se acredite el pago de los honorarios, se los afiance con garantía suficiente, o los letrados presten conformidad escrita.

III. En conclusión, y en orden a lo merituado precedentemente y constancias en autos, se rechaza el recurso de apelación interpuesto confirmando la providencia impugnada.

¿Cómo votaron los jueces?

conforme el bloque dispositivo final, se resuelve confirmar la providencia de fecha 14/02/2023. (Firmado: Luis José Cossio; M. Soledad Monteros)