FANTOME GROUP S.A. c/ MIZRAHI ALVARO Y OTRO s/ SIMULACION
La actora promovió acción por simulación y solicitó inaplicabilidad del inciso 5º del art. 288 CPCC por afectar su acceso a la justicia. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, declaró inconstitucional e inaplicable el inciso citado en el caso y rechazó la excepción de arraigo por resultar excesiva y gravemente lesiva del derecho de acceso a la justicia.
¿Quién es el actor?
FANTOME GROUP S.A., por apoderado letrado José Manuel Lobo.
¿A quién se demanda?
Álvaro Mizrahi (y otro).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acciones derivadas de un acto de simulación; se pide declarar la inoponibilidad de actos y hacer valer un derecho de crédito sobre bienes/activos.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la sentencia de fecha 02/08/2021 que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del inciso 5º del art. 288 del CPCC al presente caso, rechazó la excepción de arraigo opuesta por el demandado, y mantuvo la imposición de costas como estaban consideradas; se reservaron los honorarios para oportuno pronunciamiento.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2. La sentencia de grado, para hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad y rechazar la defensa de arraigo, destacó en primer lugar, los principios de igualdad ante la ley y libre acceso a la justicia consagrados en la CN, y -a partir de la limitación que supone de aquellos, la excepción de arraigo- sostuvo el carácter restrictivo del instituto, atendiendo a las circunstancias del caso, admitiendo su procedencia cuando su cumplimiento sea realmente necesario para los fines en mira de los que fue contemplado. Referenció luego la jurisprudencia local sobre la limitación de la aplicación del instituto.
Evaluó que la actora funda su acción en un derecho de crédito que -según alega- no puede hacer efectivo sobre bienes de su deudor, por un acto simulado que busca declarar inoponible. Ello -sostiene- evidencia que sería titular de un activo o derecho de crédito en esta Provincia, que habría tenido reconocimiento judicial por sentencia.
Sostuvo que no resulta de difícil ejecución la promoción y ejecución de medidas cautelares dictadas sobre bienes o activos existentes en otras jurisdicciones dentro del territorio nacional, tales como embargos de cuentas bancarias existentes en sucursales de otras Provincias. Consideró que la exigencia de una garantía de arraigo a la actora, para habilitar la posibilidad de continuar con el presente juicio, deviene excesiva, irrazonable y gravemente lesiva de su derecho de acceso a la justicia y principio de igualdad, lo que justifica la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso."
"4.1. Como primera aproximación al planteo recursivo, es preciso señalar que la introducción de la cuestión constitucional por el actor, fue realizada en oportunidad de contestar el planteo de la excepción opuesta por el demandado Mizrahi.
Esa ocasión no puede valorarse sino como tempestiva. En efecto, las defensas procesales son un abanico que se ofrece a la parte demandada, y se encuentra dentro de sus facultades ejercitarlas, o no. En el caso, ante el ejercicio concreto de la excepción, la firma actora opuso -como respuesta- la inconstitucionalidad de la norma en que aquella se funda.
El principio de eventualidad procesal (hoy consagrado como Principio nº 16, en el nuevo digesto de rito) no tiene, en el caso, la aplicación que pretende el recurrente. Se trata de acumular en una sola presentación todos los derechos, excepciones y defensas en forma actual, subsidiaria o alternativa en eventualidad en el momento procesal oportuno. Esa oportunidad se encuentra estrechamente vinculada con la ocasión en la cual corresponde hacer valer los derechos o la defensa en cuestión. En el caso, como se expresó, hasta tanto el demandado no cristalizó su posición de ejercitar la mentada excepción, y siendo dicha defensa disponible, no resultaba exigible al actor interponer el planteo de inconstitucionalidad del inc. 5 del art. 288 CPCC en forma previa a ese momento, sino recién a partir de la exteriorización del demandado del ejercicio puntual de la defensa."
"4.2. Bien entendidos los agravios, el recurrente cuestiona la decisión de grado, en tanto el arraigo -como todo instituto procesal- debe ser regulado por las provincias, porque ello es materia no delegada a la Nación. Además, afirma que no se encuentra afectada la igualdad ni el derecho de acceso a justicia.
A poco que se examinan los argumentos desarrollados en sostén del presente agravio se advierte que el recurrente no logra rebatir los razonamientos sentenciales vertidos por coincidentes precedentes de esta Casa de Justicia, que fueron citados y hechos propios por el fallo de instancia.
...
La razonabilidad constituye una unidad de medida indiscutible para el test que la aplicación de la norma al caso concreto significa, y el fallo de grado resulta acertado cuando concluye que -aquí- es excesiva.
Por todo lo ponderado, el agravio se rechaza."
No hubo votos en disidencia; la sentencia fue dictada por coincidencia de dos votantes.
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