SEOANE FABIO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Fabio Enrique Seoane.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de resoluciones administrativas (RS 07/13, RS 09/13, RS 11/13 y sus confirmatorias y otras) que lo intimaron como responsable solidario por deudas de ANZUC S.R.L. en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos y Salud Pública.

¿Qué se resolvió?

La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte rechazó el recurso de casación de la Provincia (no hacer lugar), confirmando la sentencia de la Cámara de origen que había hecho lugar a la demanda y declarado la nulidad de las resoluciones impugnadas; costas, como se consideran; y reserva pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"La garantía fundamental de tutela administrativa efectiva, establecida por el artículo 2º, apartado 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, norma de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, requiere la ausencia de restricciones irrazonables para ocurrir ante la propia Administración y lograr de ella un pronunciamiento definitivo, fundado, legítimo y en tiempo oportuno, en cuestiones que puedan afectar los derechos o intereses legítimos de los particulares; la de marras se complementa con el derecho a peticionar a las autoridades que instituye el artículo 14 de la Constitución Nacional y a ella debe adecuarse toda interpretación que se haga de la normativa de procedimiento administrativo (cfr. Herrera de Villavicencio, Blanca A., “El procedimiento administrativo como garantía de los administrados”, XXXII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, RAP, 2007, p. 95).

Esta Corte se ha pronunciado de manera categórica al sostener que “constituye un requisito esencial a cumplir previo a la declaración válida de la voluntad administrativa, la observancia de los procedimientos sustanciales y adjetivos previstos en la ley de procedimientos administrativos” (cfr. CSJT, 19/11/2007, “Rocha, Edgardo Roberto vs. Municipalidad de Tafí Viejo s/ Nulidad de acto/Procedimiento licitatorio”, sentencia Nº 1100).

En ese sentido se comparte la opinión doctrinaria según la cual la necesidad de audiencia previa del interesado constituye una clara concreción del debido proceso legal (cfr. Ivanega, Miriam M., “El derecho de Defensa en el Procedimiento Administrativo”, Cuestiones de Procedimiento Administrativo, 1ª ed., Rap, Buenos Aires, 2006, p. 941). Es que, cuando no se ha respetado el derecho a ser oído y de oír lo que alegan los interesados, no se preparó la voluntad administrativa en la forma prevista por el orden jurídico, y en tal caso el acto es nulo; lo que responde a la naturaleza profundamente axiológica y fundamental del principio constitucional de la defensa en juicio, cuya plena vigencia es la base esencial del goce de los demás derechos individuales (cfr. Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, t. 3, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998 p. IX-7/9)."

"Siendo ello así, no cabe más que concluir que la solución anulatoria que se propicia en el fallo recurrido responde a directrices normativas expresas, que consideran sustancial a la oportunidad de descargo como uno de los modos de respetar el derecho de defensa que hace al principio del debido proceso (cfr. art. 3 inc. 3 LPA), cuya observancia previa a la emisión del acto administrativo constituye un presupuesto indispensable para la validez de éste (cfr. art. 43 inc. 4 LPA), al punto que la violación de tal formalidad esencial trae aparejada la nulidad absoluta e insanable del acto (cfr. art. 48 inc. 2 LPA).

Como corolario de todo lo expuesto debe rechazarse por improcedente el recurso de casación incoado por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 759 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de septiembre de 2016."

¿Cómo votaron los jueces?

La vocal Claudia Beatriz Sbdar manifestó disidencia parcial. En su voto entendió que existió deficiencia de motivación en la sentencia de la Cámara (arbitrariedad) y propuso casar parcialmente el pronunciamiento en cuanto declaró la nulidad de las intimaciones de pago por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dejar sin efecto la imposición de costas y remitir los autos para nuevo pronunciamiento, sosteniendo además que la vía recursiva administrativa del art. 144 no impidió el ejercicio de la defensa y que la determinación de oficio no era aplicable por haberse presentado declaraciones juradas por ANZUC S.R.L.