CISTERNA DE ORDEN MARIA CRISTINA c/ ESCUDERO PEDRO DARIO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Cisterna de Orden María Cristina (actora, madre y representante).

¿A quién se demanda?

Escudero Pedro Darío (chofer) y otros; se añadió como codemandada la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización de daños y perjuicios por la muerte de César Maximiliano Orden, imputada al choque provocado por un ómnibus de línea; se reclama asimismo responsabilidad de la Municipalidad por su rol en la concesión y control del servicio público de transporte.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia provincial declaró competente a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y remitió los autos a dicho tribunal para que prosiga su tramitación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Párrafos transcritos relevantes (textos tomados tal cual del fallo):

"La parte actora promovió por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común demanda de indemnización de daños y perjuicios. Sostuvo que 'el día 05 de marzo de 1999 a horas 18:20 aproximadamente el Señor César Maximiliano Orden, hijo de nuestra conferente, circulaba en su motocicleta marca Honda modelo C-90 –ident. C90E2027706 por el Pasaje Campo de las Carreras hacia el oeste y al llegar a la intersección de calle Próspera MENA fue brutalmente embestido por el ómnibus de línea Mercedes Benz dominio T 149018, interno n° 17 de la línea 12 que circulaba a excesiva velocidad por el medio de la calzada en sentido norte-sur y que era conducido por el chofer Darío Escudero provocándole en consecuencia la muerte en forma instantánea por 'traumatismo encéfalo craneano abierto'. A fs. 206 amplió la demanda contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 'en su condición de responsable del contrato de concesión de transporte público…' y 'en su condición de responsable de vigilar la debida prestación de la empresa concesionada, tanto en el estado de transitabilidad de las unidades, como en la cobertura de seguros, eficiencia conductiva del personal de choferes de la empresa, recorridos predeterminados de servicios en el ejido municipal y todos los requisitos propios de las ordenanzas y leyes de tránsito en vigencia en nuestra provincia para la prestación del servicio público de pasajeros'. A fs. 206 agregó que la demanda contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo era en 'su carácter de titular y responsable del poder de policía del transporte público de pasajeros'."

"Una vez radicados los autos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, resultó sorteada la Sala III de dicho tribunal (fs. 244) que se declaró incompetente, a fs. 250. Expresó que 'la causa próxima y principal del daño pretendido no es la concesión del servicio público ni la pertinente autorización municipal para prestarlo, sino el acaecimiento ulterior y contingente del siniestro ocurrido el 05-3-1999, de modo que esa autorización municipal no llega a ser materia constitutiva de competencia administrativa'. Además sostuvo que 'la sola presencia subjetiva de la Municipalidad como parte codemandada de ningún modo constituye apoyatura para convertir en contencioso administrativa a una acción cuya causa determinante es civil, dado que esta Cámara no constituye un fuero personal' y agregó que 'la concesión o autorización municipal no resulta "constitutiva" de una acción contencioso administrativa (artículo 32 de la ley 6238), ya que para adquirir carácter "constitutiva" de una consecuencia dañosa, aquella circunstancia esgrimida en la demanda debe ser alegada como hecho principal y determinante, y en la presente causa no se alegó esa causalidad decisiva sino una conexión indirecta o mediata que resulta de grado insuficiente para justificar el predomino de la competencia material de este fuero...'"

"El caso fue objeto de adecuado tratamiento por el dictamen del Sr. Ministro Fiscal obrante a fs. 260/262, cuyos fundamentos –esencialmente referidos a que en la acción entablada sí existe un hecho jurídico de naturaleza administrativa que habilita la competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo conforme lo dispone el art. 32 de la ley 6238- esta Corte comparte y a los cuales remite por razones de brevedad."

Citas textuales más importantes: las transcritas arriba, en especial la referencia a la fecha y circunstancias del siniestro (05 de marzo de 1999) y la interpretación del art. 32 de la ley 6238 contenida en el dictamen del Ministerio Fiscal que el tribunal admite: "sí existe un hecho jurídico de naturaleza administrativa que habilita la competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo conforme lo dispone el art. 32 de la ley 6238".

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en el dispositivo; el fallo concluye en declarar competente a la Sala III y dispone la remisión del expediente.