BARBIERI Y CIA SACIFIA Y OTROS s/ INCIDENTE DE REVISION

¿Quién es el actor?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), representada por Pablo A. Salomón, en calidad de incidentista.

¿A quién se demanda?

Resolución recurrida que reguló honorarios al letrado apoderado de la concursada Dr. Miguel E. Marcotullio (actuante en favor de FRINORT S.R.L.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la base y cálculo utilizados para la regulación de honorarios profesiona­les por actuaciones en incidente de revisión y en incidente de caducidad de instancia en el concurso preventivo; se alega error en la base (actualización indebida, inclusión de intereses posteriores y anatocismo) y exceso en la suma regulada.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la AFIP, dejó sin efecto la regulación de honorarios de fs. 161 y procedió a recalcular y fijar nuevos honorarios: $5.439,34 por la actuación en una etapa del incidente de revisión; $1.800 por la actuación en una etapa del incidente de caducidad de instancia; $1.800 por cada actuación vinculada al recurso resuelto a fs. 149 y al punto I; costas al vencido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4.- Con relación al agravio relacionado a la base regulatoria cabe poner de resalto que asiste razón al recurrente cuando sostiene que en primera instancia se incurrió en un error al consignar una suma diferente a la pretendida por la A.F.I.P. en el incidente de revisión, y al incluir indebidamente los intereses devengados hasta la regulación de honorarios. Ello es así toda vez que de las constancias de autos surge que el Fisco solicitó la revisión de su crédito por un monto determinado en concepto de capital, intereses y arancel del art. 32 L.C.Q. ($ 147.357,97, $ 21.358,40 y $ 50 respectivamente), y en consecuencia esos importes constituyen el "monto del juicio" a los efectos de la regulación de honorarios por aplicación de lo dispuesto en el art. 39 inc. 1 de la ley 5.480.

En efecto, si bien la ley arancelaria cuenta con una norma específica referida a la regulación de honorarios en los incidentes concursales -art. 65 inc. 3- de su lectura se desprende que el supuesto allí previsto presupone que la verificación ha prosperado, lo que no aconteció en la especie debido a que el incidente concluyó por caducidad de instancia. Al no prosperar el incidente de revisión, no resulta aplicable el art. 65 inc. 3 de la ley 5480, cuyo presupuesto consiste en que el crédito resulte verificado en el pertinente incidente (Brito-Cardozo de Jantzon, "Honorarios de abogados y procuradores", El Graduado, 1993, pg. 347 y ss.).

En consecuencia, el presente caso queda subsumido en el art. 39 inc. 1 de la ley 5480, debiéndose excluir de la base del cómputo los intereses no reclamados.

...

Efectuados los cálculos de rigor por la tarea desplegada en el incidnete de revisión, los honorarios del letrado apoderado de la concursada ascienden a la suma de $ 5.439,34, en tanto que los emolumentos por su intervención en el incidente de caducidad de instancia no superan el valor de una consulta escrita fijada por el Colegio de Abogados de Tucumán a la fecha de la presente resolución en la suma de $ 1.800, por lo que se fijan en ese monto de conformidad a lo dispuesto por el art. 38 "in fine" de la ley 5480.

Finalmente, los montos a los que se arriba no revelan una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución, por lo que se rechaza la aplicación de la ley 24.432 al sub examine.

Asimismo, resulta oportuno regular honorarios por actuaciones cumplidas en esta Alzada que dieron lugar a la resolución de fs. 149 y a la presente resolución. A esos efectos se toma como base regulatoria el monto de los honorarios fijados a los letrados por su actuación en primera instancia y se aplica sobre los mismos el 30% de conformidad a lo dispuesto por el art. 51 de la ley arancelaria.

Las costas se imponen al vencido por resultar vencido (arts. 105 y 107 C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos; se impone la decisión mayoritaria consignada en el bloque dispositivo final.