PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ CHIMALE S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - D.G.R. (actora en autos de ejecución fiscal) — en este caso la parte actora interpuso la apelación; el ejecutante/acreedor es el letrado Dr. Leandro Stok.

¿A quién se demanda?

CHIMALE S.R.L. (carátula original) y la Provincia en la ejecución fiscal; el planteo de inconstitucionalidad lo efectuó el Dr. Leandro Stok por derecho propio.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios regulados en sentencia por un total de $382.181; se discute la aplicación de la ley provincial Nº 8.851 (inembargabilidad y orden estricto de antigüedad para pago de condenas del Estado) y si los honorarios revisten carácter alimentario para efecto de priorización de pago.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y se modificó la sentencia de fecha 06/04/18. La Cámara declaró la inconstitucionalidad de la ley Nº 8.851 y su decreto reglamentario respecto de los honorarios del Dr. Leandro Stok hasta la suma de $300.000 (por entender que esa porción reviste carácter alimentario). El remanente de $82.181 queda alcanzado por la ley Nº 8.851 y deberá cobrarse mediante los mecanismos previstos en ella. Costas a cargo por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“…la CSJT ya se expidió sobre el asunto, declarando la inconstitucionalidad de sus arts. 2 y 4 último párrafo en cuanto declaran la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público y establecen la observancia de un estricto orden de antigüedad para el cumplimiento de las condenas, toda vez que implica el establecimiento de un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, circunscribiéndose a fijar como criterio dirimente la prioridad temporal lo que conduce indefectiblemente a un resultado disvalioso frente a las obligaciones que por ostentar condiciones particulares merecen un despacho preferente. Así, en autos caratulados “Álvarez Jorge Benito y otros s/Prescripción Adquisitiva”, Sentencia nº 1680 de fecha 31/10/2017 la CSJT sostuvo: “…la jurisprudencia, tras analizar el espíritu, naturaleza y alcance de los honorarios, concluyó mayoritariamente en que la retribución profesional efectivamente goza de dicho carácter alimentario, posición que también comparte la doctrina (…)…”

“…Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el “estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva” (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851)…”

“…Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851…”.

“Para su determinación, teniendo en consideración el tipo de proceso, la cuestión debatida y su complejidad jurídica, así como el trabajo realizado por el letrado, consideramos que es justo estimar como alimentario el equivalente aproximado a dos sueldos de juez de primera instancia. … Bajo tal contexto, habiéndose regulado honorarios al Dr. Leandro Stok por las sumas de $169.415, $11.366, y $201.400, dando un total de $382.181 (pesos trescientos ochenta y dos mil ciento ochenta y uno), se limita el carácter alimentario de ellos a la suma de $300.000 (pesos trescientos mil). En razón de ello, dicha suma no se encuentra comprendida en las disposiciones de la ley Nº 8.851 por resultar inconstitucional su aplicación en este supuesto. En lo que respecta a la suma que no reviste el carácter de alimentario, es decir los $82.181 restantes, los mismos son alcanzados por las disposiciones de la ley Nº 8.851, por lo que el letrado ejecutante deberá procurar su percepción a través del mecanismo legal fijado a tal efecto.”

¿Cómo votaron los jueces?

el dispositivo final (“RESOLVEMOS… Iº. HACER LUGAR PARCIALMENTE…”) constituye la decisión del Tribunal que modifica la sentencia apelada. (No se consignan votos en disidencia en el texto aportado.)