TECOTEX SACIFIA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Tecotex S.A.C.I.F.I.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad del art. 32, segundo párrafo, de la Ley N° 5.121 (Código Tributario Provincial) y del art. 3 inciso b) y demás disposiciones de la Resolución General N° 23/02 por entender que delegan facultades, generan sanciones vía reglamentaria, imponen cargas públicas sin compensación y carecen de plazo temporal.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora; confirmar la sentencia de la Cámara que no hizo lugar a la demanda. Costas de la instancia a la actora; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III.- La sentencia recurrida no hizo lugar a la demanda interpuesta por la firma Tecotex S.A.C.I.F.I.A. contra la Provincia de Tucumán.

Para así resolver, consideró que el artículo 32 de la Ley N° 5.121, Código Tributario de Tucumán, cuya constitucionalidad cuestiona la actora no configura una delegación de facultades por parte del Poder Legislativo conculcadora del principio consagrado en el artículo 3 de la Constitución Provincial (en adelante CP); que aquella norma fija claramente las pautas delimitando a los sujetos que han revistar la condición de responsables por deuda ajena, es decir, su intervención en actos y operaciones comerciales en el marco de las cuales pueda llevarse a cabo la percepción en la fuente, que se suma a la especificación que la normativa tributaria local efectúa en cuanto al hecho y la base imponible del impuesto a los ingresos brutos."

"V.3.- Tampoco es procedente el argumento de que el artículo 3 inciso b) de la Resolución N° 23/02 establece una sanción que excede el marco reglamentario autorizado al Poder Ejecutivo por el artículo 101 inciso 3 de la CP. ... En efecto; el requerimiento de información o la indagación de la situación tributaria del obligado principal y la consecuente determinación del tributo según el resultado de dichas diligencias, no configura una sanción para el agente de retención sino la modalidad establecida para el cumplimiento de la carga establecida por la norma."

¿Cómo votaron los jueces?

El Vocal Antonio Gandur votó en disidencia, proponiendo hacer lugar al recurso de casación y declarar la inconstitucionalidad del art. 32 (párrafo segundo) de la Ley N° 5.121 y de la R.G. N° 23/02 para el caso concreto, por entender que la regulación adolece de falta de pautas legales, afecta los principios de legalidad e igualdad y deja sin resarcimiento a los agentes designados.