SOLLAZO MARIA ANTONIETA c/ VIOLETO MIGUEL CARLOS s/ ESPECIALES (RESIDUAL)
La actora apeló la regulación de honorarios practicada en primera instancia en el expediente de “especiales (residual)”. La Cámara confirmó parte de la regulación, pero modificó y fijó en $1.300 los emolumentos por el incidente y por el recurso de revocatoria, dejando sin efecto y sustituyendo el punto cuestionado.
¿Quién es el actor?
Letrado apoderado del actor (recurso interpuesto por el letrado apoderado del actor).
¿A quién se demanda?
Contra la sentencia que reguló honorarios en autos caratulados SOLLAZO MARIA ANTONIETA C/ VIOLETO MIGUEL CARLOS S/ ESPECIALES (RESIDUAL).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la regulación de honorarios practicada por el juez de primera instancia.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó el punto primero de la sentencia apelada; se modificó el punto tercero fijando en $1.300 los emolumentos por intervención en el incidente para cada letrado; y se dejó sin efecto el punto segundo, dictando en su lugar que los honorarios por la intervención en el recurso de revocatoria son $1.300 para cada profesional.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que al haber sido concedido el recurso de apelación conforme a lo establecido en el art. 30 de la ley arancelaria, la labor del Tribunal debe circunscribirse a verificar si los emolumentos regulados por el juez de primera instancia, se encuentran dentro de la escala legal. Que en el caso corresponde aplicar la regla establecida en el art. 38 último párrafo de la ley arancelaria, esto es, que en ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una consulta escrita vigente al tiempo de la regulación. Ese valor ascendía a la suma de $1.300 y como ambos letrados han intervenido en calidad de apoderados de la parte actora y de la parte demandada, respectivamente, corresponde adicionar el 55% que se fija en el art. 14 de la ley 5480."
"Que efectuados los cálculos pertinentes ponderado la base regulatoria empleada en primera instancia, el monto que arroja la operación en lo que atañe a la labor desarrollada en el incidente de caducidad, es inferior al valor de una consulta escrita, aún con adición del porcentaje de los procuratorios; ergo, la cuantía de la regulación de los aranceles por el incidente deben ser ajustados al límite establecido en la ley arancelaria, o sea, al valor de una consulta escrita: $1.300. Al respecto, cabe poner de relieve que cuando el cálculo pertinente arroja una suma inferior al valor de una consulta escrita (aún con ponderación de los procuratorios), hay que ajustar el monto de la regulación a lo establecido en la precitada norma tutelar de la garantía de dignidad de los honorarios de los abogados, antes transcripta. En consecuencia, se modificarán el monto de los honorarios regulados en el punto tercero de la resolución recurrida."
Texto del dispositivo final (lo resuelto):
"I.- CONFIRMAR el punto primero de la sentencia apelada de fecha 15/11/2011 (fs. 153).
II.- MODIFICAR el punto tercero de la sentencia apelada de fecha 15/11/2011 (fs. 153). En consecuencia, se fija la cuantía de los emolumentos de los letrados Alejandro M. Morales y Rodolfo T. Burgos, por su intervención en el incidente en la suma de $1.300 (pesos mil trescientos), a cada profesional.
III.- DEJAR sin efecto el punto segundo de la sentencia apelada de fecha 15/11/2011 (fs. 153). Dictando la sustitutiva se fija la cuantía de los emolumentos de los letrados Alejandro M. Morales y Rodolfo T. Burgos, por su intervención en el recurso de revocatoria en la suma de $1.300 (pesos mil trescientos), a cada profesional."
(No consta voto en disidencia relevante en el bloque dispositivo; la decisión colectiva es la precedentemente transcripta.)
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