VIOLA JUAN GUSTAVO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Juan Gustavo Viola, por sí y en representación (propietario/representante relacionado con la Sucesión de Apolonia América Belmonte).

¿A quién se demanda?

Departamento de Fiscalización Farmacéutica y Tecnología Médica – Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Si.Pro.Sa. / Provincia de Tucumán (acto administrativo apelado: Resolución N° 251/24-DFFyTM).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión de ejecutoriedad de la Resolución N° 251/24-DFFyTM (26/08/2024) que impuso la inhabilitación provisoria por 3 meses de la Habilitación de la Farmacia Santa Fe hasta regularización de titularidad; en la demanda se cuestiona además la constitucionalidad de los artículos 24 y 27 de la Ley N° 5.483.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la medida cautelar solicitada; se ordenó la suspensión de ejecutoriedad de la Resolución N° 251/24-DFFyTM, previa caución juratoria y hasta tanto recaiga sentencia definitiva; se ofició al Departamento competente para cumplimiento y se notificó a la Provincia conforme art. 282 CPCyC.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Para el otorgamiento de cualquier medida cautelar deben acreditarse los extremos que el artículo 273 del CPCyC impone a tales fines, es decir deben configurarse tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora.

Ambos deben confluir en la situación que se plantea para el efectivo dictado de la cautelar, pues 'tratándose de una medida cautelar específica, su concesión se encuentra supeditada a la concurrencia de los requisitos generales de toda tutela cautelar; y no cabe prescindir de ninguno de estos o presumir su existencia, en tanto ello no esté establecido por la ley' (CSJT, Sentencia Nº 820 del 25/10/1999).

Puntualmente en relación a la precautoria que nos convoca, viene al caso recordar que el fundamento general de las medidas cautelares contra la Administración Pública descansa sobre dos pilares fundamentales: 1) el primero, garantizar el principio de legalidad en tiempo oportuno, idea que se encuentra íntimamente vinculada con el principio de tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que la contracara de la garantía de la defensa en juicio prevista en nuestro país en el artículo 18 de la Constitución Nacional; 2) el segundo, la necesidad de evitar perjuicios graves tanto para el Estado como para los particulares mientras esté pendiente el dictado de la sentencia definitiva que ponga término al proceso (Gambier Beltrán - Zubiaur Carlos A., Las medidas cautelares contra la Administración (Fundamentos, presupuestos y aplicación del art- 12, ley 19.549), LL 1993-D-690, citado por Padrós Ramiro Simón, La tutela cautelar en la jurisdicción administrativa, 1a ed. - Buenos Aires, Lexis – Nexis, 2204, p. 66).

En este caso, si se denegase la cautelar requerida y luego -eventualmente- se acogiese la pretensión incoada en autos, al momento de expedirse el pronunciamiento definitivo, la suspensión de la habilitación -con el consecuente cierre del local comercial del actor- ya se habría consumado en su totalidad, lo que tornaría ilusorio el derecho que se pretende tutelar

De allí que, en atención a lo expuesto hasta aquí, se vislumbre ajustado a derecho conceder la medida cautelar solicitada."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución contiene el pronunciamiento de la Presidencia de la Sala Iª (no se consignan votos en disidencia en el texto suministrado). El bloque dispositivo final es el que resuelve y fue dictado por la Presidencia (Juan Ricardo Acosta).