CURUBETO DE LABASTIDA GRACIELA GENOVEVA Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ EXPROPIACION
Los actores promovieron ejecución por suma dineraria por sentencia en causa de expropiación contra la Provincia de Tucumán. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso de la Provincia y revocó íntegramente la sentencia de primera instancia, admitiendo la excepción de inhabilidad de título por aplicación de la ley 8.851 y rechazando la ejecución para que se tramite conforme a esa ley.
¿Quién es el actor?
CURUBETO DE LABASTIDA GRACIELA GENOVEVA y otros (actores ejecutantes).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (parte demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
ejecución de sentencia por capital e intereses derivados de una causa de expropiación (planilla de capital e intereses de fs. 558) para obtener el pago por la vía de ejecución ordinaria (trance y remate).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Provincia; se revocó íntegramente la sentencia apelada de fecha 16/02/18; se admitió la excepción de inhabilidad de título y se rechazó la ejecución seguida por los actores en concepto de capital e intereses liquidados a fs. 558, debiendo los actores ocurrir por la vía y forma establecidas en la ley 8.851. Se imponen las costas a la parte actora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, se encuentra vigente la ley 8.851 de emergencia económica del Estado provincial que supedita el pago de las obligaciones que la provincia tiene para con sus acreedores –como los actores en autos- a un mecanismo administrativo ajeno a la ejecución ordinaria judicial reglada en el código procesal, con fundamento idéntico a otras leyes similares, esto es, el orden de las cuentas públicas.
Ahora bien, en virtud de una cláusula transitoria de dicha ley (art. 9º), en aquellos juicios ya en trámite en que los acreedores del Estado provincial hubieran conseguido embargar fondos públicos, éstos deberán ser restituidos a las cuentas originarias, “salvo que se trate de ejecuciones válidas, firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”
La Excma. Corte suprema provincial ha interpretado que dicha alocución se refiere claramente a la sentencia de trance y remate que estuviere firme y consentida (Sent. Nº 305 del 21/03/18) por lo que corresponde señalar que la ley 8851 sólo dejaría de aplicarse cuando en un juicio en el que el Estado provincial hubiera sido condenado a pagar sumas de dinero, el actor ejecutante hubiera obtenido el dictado de la sentencia de trance y remate y ésta estuviera firme y consentida, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley, esto es, el 29/03/16.
De allí que no basta alegar haber obtenido el embargo de las sumas como lo sostuvo la actora al contestar la excepción a fs. 627, sino que era necesario contar con sentencia de trance firme a la fecha de vigencia de la ley.
Y siendo que ello no acontece en autos –puesto que la resolución apelada es obviamente de fecha posterior a la de vigencia de la ley 8851- se entiende que es procedente la defensa intentada, toda vez que, sin dejar de ser deudor el Estado provincial de los actores, éstos carecen de la facultad legal de ejecutarlo con las reglas ordinarias de las ejecuciones, debiéndose someter a la normativa de emergencia.
Se admite así el recurso intentado y se revoca el fallo apelado, desestimándose la ejecución intentada a fs. 613 por la planilla de capital e intereses de fs. 558, debiendo ocurrir los actores por la vía establecida en la ley 8.851."
(No consta voto disidente relevante en el acuerdo).
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