CONSORCIO DE COPROP. ED. CALLE CONGRESO 490 ESQ. LAMADRID 395/399 c/ ALICATA RUBEN ANTONIO s/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS

¿Quién es el actor?

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO CALLE CONGRESO 490 ESQ. LAMADRID 395-399 (consorcio actor).

¿A quién se demanda?

ALICATA, RUBEN ANTONIO (ejecutado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de expensas (certificación de deuda por expensas).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación del ejecutado; se confirmó la sentencia de fecha 19/02/2013 que rechazó las excepciones de falta de personería e inhabilidad de título y ordenó continuar la ejecución contra el apoderado; se impusieron las costas de la instancia al apelante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, obra a fs. 2 prueba instrumental consistente en Poder General para juicios otorgado por Fernando J. D. López de Zavalía, Ismael B. Sosa y Maria P. Hernández quienes fueron autorizados por la Asamblea del Consorcio actor para hacerlo a favor del letrado Marcelo H. Fénik, conforme expreso mandato que surge documentado por la Escritura Pública n° 297 (fs. 31) en la que se constató la realización y las decisiones tomadas por la Asamblea de tal Consorcio realizada el día 16 / 06 / 11.

Cabe recordar que el art. 1003 del Cod. Civil expresa que si los otorgantes fuesen representados por mandatarios o representantes legales, '... el notario expresará que se le han presentado los poderes y documentos habilitantes, que anexará a su protocolo. Si fuese menester la devolución de los mismos, o se tratare de poderes generales, hará constar la circunstancia y agregará copia autenticada al protocolo. En caso de que los poderes o documentos se hubieren otorgado en su oficina, o se hallaran protocolizados en su registro, expresará este antecedente, indicando el folio y año respectivo...', por lo que siendo la misma Escribana Tannenbaum quien participó en el otorgamiento del Poder y en la constatación de la Asamblea en la que se decidió tal cosa, formalmente se han cumplido todos los recaudos exigibles para la validez del apoderamiento presentado.

Desde el punto de vista del otorgamiento del mandato en sí, - es decir de su legitimidad -, debemos señalar que siendo la Asamblea del Consorcio de Propiedad Horizontal su órgano soberano, a ella le incumben todos los temas propios del funcionamiento, administración y disposición de la propiedad común estando su autoridad por encima del administrador, de modo tal que ante un conflicto como el que trasunta el acta de asamblea realizada el 16 / 06 / 11 (fs. 31) es claro que si en el mismo acto asambleario el Consorcio decide ratificar la remoción del anterior administrador, la designación de nuevo administrador, la revocación de los poderes conferidos anteriormente a letrados y el otorgamiento de nuevo poder para actuar en juicio al abogado Marcelo Fénik, tal decisión no puede ser materia de cuestionamiento en este proceso de ejecución. Máxime cuando en él se acompañó la escritura de apoderamiento otorgada conforme el expreso mandato asambleario.

Este Tribunal viene sosteniendo que los consorcistas pueden reclamar el amparo jurisdiccional contra la decisiones de la asamblea de propietarios que consideren arbitrarias o injustas, pero que las cuestiones sobre nulidad de la asamblea, su citación, realización y las decisiones que en ellas se tomen no pueden ser tratadas en el juicio ejecutivo promovido por el cobro de expensas y gastos comunes, debiendo ser planteadas por la vía y forma correspondiente."

"Entrando ahora al agravio vinculado con el rechazo de la defensa de inhabilidad formal de título, diremos que las cuestiones que pretendieron fundar esta defensa en la supuesta carencia de facultades de la Sra. Maria Susana Corzo para expedir la certificación de deuda de fs. 4, - al igual que las referidas al apoderamiento del letrado Fénik -, exceden el marco de análisis que admite el proceso ejecutivo y resultan inadmisibles como sustento de tal excepción, la que solo puede referirse a las formas extrínsecas del título que se pretende ejecutar (art. 517 inc. 4°) del CPCC). Por lo tanto, debía rechazarse esta defensa en tanto apunta a cuestionar la validez de la designación de la administradora o de su facultad para expedir la certificación de deuda por expensas, tal como lo resolvió la A-quo.

En segundo término, los argumentos del recurrente hacen una interpretación errónea del Reglamento de Copropiedad puesto que no es imprescindible adjuntar copia del acta de Asamblea en la que se hayan determinado las expensas de cada unidad para complementar el certificado de deuda emitido por la administradora, en tanto que ello ya fue consignado en el propio reglamento al identificar cada una de las unidades (Unidad n° 16 que es la deudora de las expensas ejecutadas contribuye con el 2,33 % - Reglamento - fs. 13 de autos) y el Art. 10 inc. c) así lo indica en concordancia con el art. 11 (copia fs. 18 / 18 vta. de autos).

Por lo tanto, estando el administrador del Consorcio facultado para expedir los certificados de deudas por expensas conforme el art. 22 inc. g) del Reglamento, - los que tienen fuerza ejecutiva según lo normado por el art. 11° del mismo -, y dado que el adjunto a fs. 4 contiene los recaudos exigidos por los arts. 484 / 485 del CPCC debemos concluir que la decisión de rechazar la defensa de inhabilidad es correcta y ajustada a derecho..."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final confirma la sentencia apelada y obliga al pago de costas al apelante; no se consignan votos en disidencia en el texto.