LOBO JUAN CARLOS c/ PROVINCIAL DE SEGUROS S/CONTRATOS.- s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS

¿Quién es el actor?

Dr. Alejandro Federico Biagosch, en su carácter de letrado actora/ recurrente por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Instituto Provincial de Seguros (en autos caratulados LOBO JUAN CARLOS C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS s/ CONTRATOS - INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Regulación de honorarios correspondientes a la actuación del abogado en la etapa de ejecución de honorarios, reclamando se contemple su doble carácter y el mínimo legal.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación y se modificaron los honorarios regulados, fijándolos en la suma de $1.500 por la ejecución de honorarios (valor de una consulta escrita vigente al tiempo de la regulación), por aplicación del art. 38 in fine de la ley 5.480. Sentencia dictada por coincidencia de votos de dos jueces.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De lo que se desprende que si bien es correcta la aplicación de las normas citadas y los cálculos realizados en la sentencia atacada, la Sra. Jueza de primera instancia hizo abstracción en su decisorio de lo dispuesto por el Art. 38 'in fine' de la ley 5.480, fijando por la ejecución de los honorarios del letrado recurrente un monto de $894, que resulta muy por debajo del mínimo legal.

Sobre el particular este tribunal considera, que toda actuación profesional oficiosa y con regulación autónoma en la ley, esto es, merecedora de regulación de honorarios, debe ajustarse al mínimo legal establecido por el art. 38 in fine de la ley 5.480, esto es al valor de una consulta escrita al momento de la regulación.

El respeto a la dignidad de la profesión de abogado se encuentra ínsito, entre otras cosas, en su remuneración, por ello los umbrales retributivos mínimos consagrados por las leyes arancelarias han sido establecidos con la intención de dignificar el ejercicio de la abogacía, fijando un básico del cual no es posible apartarse, cualquiera sea el tipo y monto del proceso. Es decir que los jueces no deben tratar de degradar las cifras mínimas establecidas, cuando la cuantía patrimonial de los intereses en debate es escasa, porque la operatividad de la norma esta dirigida precisamente a esos asuntos (Cfr. Ure – Finkelberg, “Honorarios de los profesionales del Derecho”, pp. 138/139)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal que coincidieron en el fallo (art. 23 bis LOT); decisión de la mayoría: hacer lugar y modificar los honorarios a $1.500. No se consignan votos en disidencia.