SEGLI RUBEN DANTE c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Rubén Dante Segli.

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y Raúl Alberto Basilio (en su carácter de Administrador de la DPV).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reintegro de haberes descontados por inasistencias en agosto 2009, enero, febrero y marzo 2010 ($6.739,82) más intereses, y daño moral; además refinanciación de crédito (Tarshop).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente al reclamo por daño emergente contra la DPV y se la condena a abonar las sumas que resulten de la planilla a practicarse; se hace lugar no hacer lugar a la demanda contra Raúl A. Basilio; se rechaza el daño moral; costas como se considera; se reserva regulación de honorarios; devolver actuaciones administrativas originales (fs.147, vuelta).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se hace referencia a que en el sub iudice se han adjuntado certificados médicos expedidos por un profesional médico dependiente de un nosocomio público (Hospital Colonia -Dr. Juan Manuel Obarrio-), en ejercicio de las funciones que allí desempeña, por lo tanto, y al margen de la distinción entre instrumentos públicos y privados que contiene la legislación civil sustantiva, estos documentos se presumen auténticos mientras no se pruebe lo contrario, de modo que hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que los suscribe, no obstante que pueden ser desvirtuados por cualquier clase de prueba. Este principio ha sido receptado por el Código Procesal Administrativo (CPA), el cual, en su artículo 51, dispone que “las actuaciones cumplidas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones hacen plena fe de su contenido, hasta tanto no se pruebe lo contrario”."

"En virtud de lo apuntado, cobra vital importancia lo expresado por la Corte en el fallo casatorio obrante en este expediente judicial, en particular, que no resultaba suficiente en autos “un desconocimiento genérico del contenido de los instrumentos presentados por el actor, sino que la presunción legal debía ser refutada mediante prueba en contrario. Demás está decir que la carga de la prueba de dicha refutación, correspondía a la parte demandada, por ser la DPV quien negó la existencia de la enfermedad que el actor había invocado como justificativo de sus inasistencias y que acreditara -debidamente, como se ha visto- con la documentación de marras (cfr. art. 302 del CPCyC, de aplicación en la especie en virtud de lo dispuesto por el art. 47 del CPA)”."

"Por ello, corresponde asignar responsabilidad a la DPV por los descuentos injustificados de haberes al actor."

"Por ejemplo, la documentación agregada a fs. 147, vuelta, contiene las siguientes actuaciones firmadas por el ingeniero Basilio: fs. 05, vuelta, por la que se limitó a ordenar el pase del expediente al Secretario General, para que realice un informe; y fs. 14, ordenó otro pase pero para que informe Asesoría Letrada.

A partir del escenario fáctico valorado, no se cuentan con elementos suficientes para tener por configurado el dolo del Administrador -ni siquiera su culpa- en la no justificación de las inasistencias del agente Segli por razones médicas.

Por ello, corresponde rechazar la demanda incoada por este último contra Raúl Alberto Basilio, en su carácter de Administrador de la DPV."

(Voto de la Sra. Vocal Dra. Ebe López Piossek: "Que estando conforme con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, voto en el mismo sentido.")