VILUCO S.A. c/ SORIA MARCELA ALEJANDRA Y OTRO s/ DESALOJO

¿Quién es el actor?

Viluco S.A.

¿A quién se demanda?

Marcela Alejandra Soria y Alberto Daniel Moreno.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Desalojo del inmueble ubicado en Manzana H, Casa 6, Barrio 200 Viviendas (Raúl Colombres y Av. de Circunvalación), fundado en un convenio de tenencia precaria y en una cesión de derechos.

¿Qué se resolvió?

La Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación interpuesto por los demandados y confirmó la validez del proceso de desalojo (se mantiene la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia). Se impusieron las costas de la casación a la parte recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

a) Sobre la legitimación activa y valoración probatoria respecto del contrato de cesión:

"En el presente caso, la defensa de la demanda se ancló en idéntico argumento, conforme puede verse de las constancias de la causa arrimadas por ésta (ver especialmente fs. 118 y siguientes); lo que, a tenor de la jurisprudencia transcripta, determina la inviabilidad del razonamiento recursivo.

...

De la cláusula sexta del contrato suscripto entre el IPVyDU y la parte demandada (fs. 7/8) surge que éstos últimos conocían y aceptaron que el primero celebrara un convenio con la firma Viluco S.A., 'a efectos de resguardar sus derechos e inversiones realizadas en la vivienda objeto de este contrato' (fs. 8); acuerdo éste último que se encuentra glosado a fs. 12.

Asimismo, mediante nota de fecha 14/3/2001, remitida por correo privado Flash (fs. 9) y a través de carta documento del 31/8/2000 (fs. 10) -rechazada ésta última por la demandada mediante carta documento del 12/9/2000 (fs. 11)- la demandante informó a la accionada su carácter de 'cesionaria' de los derechos emergentes del contrato suscripto por la señora Soria y el señor Moreno (fs. 7/8).

También cabe añadir que el IPVyDU reconoció la autenticidad de los instrumentos en que se sustenta la presente acción (fs. 45)."

b) Sobre la carga probatoria en juicio de desalojo y la exigencia de prueba prima facie del demandado:

"Si el demandado…alega un derecho a la posesión debe acreditar prima facie su condición de poseedor para enervar el juicio de desalojo, pues en tal supuesto no surge con claridad la obligación de restituir; situación ésta que tendría que dirimirse en el respectivo juicio posesorio o petitorio. No se trata pues de discutir en el juicio de desalojo el ius possidendi o el ius possesionis, sino de verificar la seriedad o verosimilitud de la defensa que hace valer el intruso, exigencia mínima para que la invocación tenga virtualidad de paralizar el desalojo"

(cita de jurisprudencia incorporada al voto mayoritario).

c) Sobre la improcedencia de extender el debate a cuestiones ajenas al juicio de desalojo:

"En definitiva, los demandados no han logrado demostrar que se traten de ocupantes cuya obligación de restituir no sea exigible, conforme lo normado por el art. 414 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Por tanto, cabe concluir que el examen de procedencia, de la acción de desalojo promovida, realizado por el Inferior no luce arbitrario ni irrazonable y se ajusta a los criterios jurisprudenciales imperantes en la materia, sin que se verifique infracción a norma de derecho; todo lo cual signa negativamente la suerte del remedio extraordinario tentado."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que propuso hacer lugar a la casación (Dr. Daniel Oscar Posse) quedó en la minoría. La mayoría (Drs. Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane) votó por rechazar el recurso de casación, adoptándose el dispositivo final que negó la casación y puso las costas a cargo del recurrente.