ASIAL JOSE EDUARDO Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION

¿Quién es el actor?

Asial José Eduardo y otros (empleados/actores que reclamaron integración al PPP).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Banco del Tucumán S.A. / Estado provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación por exclusión del Programa de Propiedad Participada (PPP) y la consiguiente integración al mismo; impugnación de la aplicación retroactiva de leyes (Nº 6.630 y Nº 6.763) y la imposición de costas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcial al recurso de casación; se confirmó en lo demás la sentencia de la Cámara (sent. Nº 532 de 11/9/2012) que negó el derecho de los actores a integrar el PPP por haber optado por la alternativa prevista en el artículo 8 inciso c) de la Ley Nº 6.622; se casó únicamente el punto relativo a costas dejando sin efecto la imposición total de costas a los actores y disponiendo costas por el orden causado (art. 89 CPA y 105.1 CPCC). Se devolvió el depósito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La implementación del PPP del Banco del Tucumán SA tuvo lugar, recién, con la sanción de la Ley Nº 6.630 que constituyó “el marco regulatorio” del proceso de privatización (artículo 7, Ley Nº 6.620) y contempló las pautas de la operatoria de participación del capital privado en el paquete accionario del Banco del Tucumán S.A., al fijar los porcentajes a transferir al sector privado y las etapas para cumplirlo (artículos 2 y 4), la medida de la transferencia a los empleados (artículo 2), la forma de transmisión de acciones (artículo 5), el sistema de venta bajo licitación pública nacional e internacional (artículos 7 a 18), y el sistema de transferencia de acciones a empleados (artículo 19). Como se aprecia, esta ley ya estableció porcentajes, cosa que no se verifica en el Decreto Nº 496/3, más allá de mayores precisiones contenidas en alguna disposición posterior. Y va de suyo que la sola circunstancia que la fecha de sanción de la Ley Nº 6.630 sea posterior a la de la Ley Nº 6.622, no es por sí suficiente para tornar ilegítima a la primera en cuanto instituyó como beneficiarios del PPP a los que hubieran optado por la opción a) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622, habida cuenta la facultad que con tal propósito se le confirió a la Legislatura por el artículo 7 de la Ley Nº 6.622."

"Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia Nº 532 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 11 de setiembre de 2.012, obrante a fs. 343/352 vta. de autos. En consecuencia, corresponde casar parcialmente dicha sentencia dejando sin efecto el punto III de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y dictar como sustitutiva, la siguiente: “III.- COSTAS, por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, inciso 1, del CPCC)”. En lo demás, NO HACER LUGAR al mencionado recurso, conforme a lo considerado."

Adicionalmente, doctrina sobre costas reproducida en el fallo: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que impone las costas de la instancia de grado en su totalidad a la parte actora, prescindiendo de la naturaleza novedosa y compleja de la cuestión sometida a juzgamiento del Tribunal de grado".

(Votos: Goane, Sbdar y Castellanos. No hubo disidencia.)