DIAZ TERESITA EUGENIA c/ CARRIZO LUIS MARIA Y CARRIZO EDUARDO ALBERTO s/ DESALOJO

¿Quién es el actor?

Dra. María Teresa Ponce, por derecho propio (letrada de la actora).

¿A quién se demanda?

Luis María Carrizo y Eduardo Alberto Carrizo (accionados/demandados en el expediente de desalojo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocatoria contra la sentencia de la Alzada que modificó la regulación de honorarios; pretende que se confirme la regulación de honorarios efectuada en primera instancia conforme a la estimación presentada por la Dra. Ponce.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de revocatoria (no hacer lugar) y se confirmó la sentencia recurrida en cuanto a la regulación de honorarios realizada por la Alzada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este contexto se aprecia que en la especie no se cumplió con el trámite expreso previsto en el art. 39 inc. 3° de la ley 5.480 (texto consolidado por Ley 8.240), anterior 40 inc. 3° de dicha ley, desde que el mismo prescribe que el juez, de oficio debe correr vista al profesional y al obligado al pago de los honorarios para que estimen la base regulatoria, mientras que en autos es la propia letrada interesada quien espontáneamente y sin requerimiento judicial previo efectúa estimación de valores, los que se comunican a la parte demandada. En consecuencia, no encontrándose previsto dicho trámite en la ley arancelaria, no puede interpretarse como conformidad al silencio de los demandados, desde que no tienen obligación legal de expedirse."

"En este sentido en la obra Honorarios de Abogados y Procuradores de Tucumán -Ley 5.480- Dres. Alberto José Brito y Cristina Cardozo de Jantzon, se expresa que: 'Resulta frecuente que una de las partes, o un profesional, efectúe estimación de valores para que puedan regularse honorarios, y el juez confiera vista a los otros interesados de esa estimación. Si todos expresan su conformidad, no hay dificultad alguna y la base es la propuesta. Pero si hay disconformidad o silencio, esa vista no suple la aplicación del art. 40 inc. 3° (actual art. 39 inc. 3º t.c. Ley 8.240), ni el silencio de aquella vista significa consentimiento ni implica preclusión' (pág. 236)."

"A su vez se ha dicho que 'El inferior en grado no aplicó en la especie, el procedimiento reglado en el artículo 40 inc. 3 y 4, (actual 39 inc. 3 y 4 t.c. Ley 8.240) toda vez que no obra decreto alguno que ordene tal trámite. Siendo por otro lado, irrelevante que las estimaciones de las partes hubieren quedado firmes cuando, en el mejor de los supuestos para el recurrente, esto es que se hubiere dado el trámite del artículo 40 inc. 3 y 4 (actual 39 inc. 3 y 4 t.c. Ley 8.240), las mismas no son obligatorias por el juez al existir jurisprudencia que expresamente consigna que 'Este artículo, en ningún momento habla de que dichas estimaciones aportadas por las partes deben tenerse como obligatorias para el juez, sino como la misma norma lo establece, se trata de “estimaciones”, dejando al magistrado la posibilidad de aplicar las mismas o bien apartarse de ellas si así, lo considerase' (Cfr. Brito -Cardozo de Jantzon en 'Honorarios de Abogados y procuradores' Ley 5.480 Editorial El graduado, Pág. 242)."

Por todo ello el Tribunal concluye que no asiste razón a la recurrente y dispone: "NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria deducido por la letrada María Teresa Ponce..."